Unos 300 mil indígenas poblaban el territorio de la actual Argentina cuando llegaron los primeros expedicionarios de la Corona Española en busca de plata, a principios de siglo XVI. Las tribus pampeano-patagónicas (sur), como los tehuelches y pehuelches, eran cazadoras, recolectoras y nómades, así como las etnias del Chaco (al noreste), matacos y guaycurúes; mientras que los guaraníes se fueron sedentarizando. Los andinos, como los diaguitas y los huarpes, gracias a su contacto con el imperio Inca, que contaba con una ruta desde Perú hasta la actual Mendoza, incorporaron sistemas de riego artificial y de terrazas a sus cultivos. Esto dio lugar a un intercambio comercial con las regiones noroeste y oeste. También se dedicaban a la artesanía y a la cría de llamas. De los omahuacas, patamas, capayanes, comechingones y algarroberos, se posee escaso conocimiento.
En 1526, Sebastián Gaboto fundó el primer establecimiento europeo en lo que es actualmente Argentina.
Luego, para frenar el avance portugués, España envió a la región a Pedro de Mendoza, previo contrato que otorgaba privilegios políticos y económicos al conquistador. En 1536, de Mendoza fundó Santa María del Buen Ayre, pequeño poblado, que en 1541 fue desalojado al no poder resistir el asedio indígena.
Tomando a Asunción (actual capital de Paraguay) como foco colonizador, los españoles fundaron diversas ciudades en el territorio argentino (Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe), hasta llegar a la segunda fundación de Buenos Aires, que tuvo lugar en 1580. De acuerdo a la administración colonial, la región estuvo en un principio subordinada al virreinato del Perú. Tres de sus ciudades se sucedieron en predominancia: Tucumán, vinculada a la explotación de oro en el Alto Perú, lo fue durante el siglo XVI; Córdoba, donde se estableció la primera universidad de la región en 1613, fue centro intelectual durante los siglos XVII y XVIII y finalmente Buenos Aires, la ciudad portuaria que se convirtió, en 1776, en capital del nuevo Virreinato del Río de la Plata, que abarcaba los actuales Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay.
En los siglos XVII y XVIII, empujados por la conquista española, los mapuches –llamados araucanos por los europeos–, procedentes de Chile, emigraron hacia el centro y suroeste de la actual Argentina e implantaron sus costumbres entre los habitantes de la región. La abundancia de ganado vacuno, cuya carne y cuero eran el principal producto que extraía la metrópoli, provocó grandes cambios étnicos y culturales. Alrededor de las ciudades, vastas planicies de buena pastura eran recorridas por jinetes, tanto indígenas, que modificaron su dieta a partir de las reses, como gauchos –mestizos que vivían de faenar vacunos–.
Una fuerte burguesía comercial porteña, favorable al libre comercio, fue la generadora del movimiento revolucionario de 1810, que creó las Provincias Unidas del Río de la Plata y destituyó al virrey, acusándolo de falta de fidelidad a la península, a la sazón ocupada por las tropas napoleónicas. Gauchos e indios engrosaron los ejércitos organizados por Buenos Aires, que combatieron a la corona española. El general José de San Martín organizó los ejércitos que derrotaron a los realistas y contribuyeron a la independencia de Chile y Perú.
Si bien los españoles fueron prontamente expulsados, las discrepancias entre Buenos Aires y el resto de las Provincias Unidas del Río de la Plata (incluyendo la Banda Oriental, actual República Oriental del Uruguay) mantuvieron a la región en permanente estado de guerra. Los unitarios defendían el centralismo de Buenos Aires, que perjudicaba la economía del interior, en tanto que los federales perseguían un acuerdo más equitativo para todas las provincias.
En 1829 asumió el poder, como gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, terrateniente que provenía de filas federales. Rosas, quien se hizo proclamar Restaurador de las Leyes, fomentó su prestigio personal en la llamada «campaña del desierto», por la cual Buenos Aires expulsó a los indígenas de sus cercanías. Por medios políticos y por la fuerza, pacificó el interior.
Buenos Aires era la llave de ingreso a los ríos Paraná y Uruguay, arterias por donde Francia e Inglaterra pretendían comerciar con las provincias del interior y con Paraguay. Rosas aplicó una ley de aduanas que restringía el acceso de buques y productos extranjeros. El gobierno de Rosas sufrió agresiones militares de ambas potencias, que bloquearon el puerto de Buenos Aires intentando doblegar al gobierno y favorecer a sus rivales, más afectos a las ideas liberales. En el transcurso de las operaciones militares realizadas para presionar a Rosas, Gran Bretaña ocupó las islas Malvinas en 1833.
La denominada «Guerra Grande» (librada en Argentina y Uruguay entre 1839-1852), que involucró también a Paraguay y Brasil, contó con la intervención directa de Inglaterra y Francia y puso fin a más de dos décadas de gobierno de Rosas.
Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, pasó a presidir la Confederación Argentina, cuya capital fue establecida en Paraná de acuerdo a la constitución federal de 1853, pero debió enfrentar la resistencia de Buenos Aires, que proclamó su autonomía y se declaró un Estado. Tras diez años de luchas, Buenos Aires se impuso en 1861.
Bartolomé Mitre (que ocupó la presidencia en el período 1862-1868) se alió con Pedro II, emperador del Brasil, y con el presidente del Uruguay, para librar contra Paraguay una guerra, conocida como la de «La Triple Alianza», que empezó en 1865 y finalizó en 1870 con la muerte del presidente paraguayo Francisco Solano López y de la mayor parte de la población paraguaya. En el momento de la «victoria», ya Domingo Faustino Sarmiento había sucedido a Mitre.
Finalizada la guerra, se completó la ocupación del territorio mediante sucesivas incursiones contra los indígenas de la Patagonia, el Chaco, y las regiones andinas de Río Negro. En 1879, con el éxito de la operación militar del general Julio Roca, presidente durante los períodos 1880-86 y 1898-1904, los gobiernos argentinos consiguieron completar su política de exterminio a los indígenas. El ferrocarril, emblema de la modernización, aseguró el control del gobierno de Buenos Aires sobre el territorio. La inmigración masiva de mano de obra europea, sobre todo española e italiana, modificó la fisonomía del país, que experimentó un crecimiento industrial, agrícola y comercial sin precedentes. La población creció, de menos de dos millones de habitantes en 1869 a casi ocho millones en 1914.
Hasta la ley electoral del presidente Roque Sáenz Peña, de 1912 que garantizó el sufragio universal masculino obligatorio, el poder político no había sido fruto de elecciones democráticas, ni de voto popular sino de fraude permanente, lo que motivó las revoluciones de 1874, 1890, 1893 y 1905, lideradas por Mitre, Leandro Alem, Aristóbulo del Valle e Hipólito Irigoyen, respectivamente.
Esta ley favoreció el acceso al gobierno del Partido Radical (PR), liderado por Irigoyen, en 1916. Durante la Primera Guerra Mundial, en la que Irigoyen mantuvo una activa neutralidad, Argentina vendió alimentos a Europa y experimentó un crecimiento industrial que dio lugar al desarrollo de sindicatos obreros.
A pesar de resultar reelecto por un margen de dos a uno en 1928, Irigoyen no logró superar las consecuencias de la crisis mundial de 1929, que sacudieron el modelo agroexportador, y fue depuesto un año más tarde por el golpe militar del general José Félix Uriburu. El golpe marcó el fin de un período de continuidad constitucional de 68 años y de expansión económica sobre la base de la exportación de materias primas, que se había duplicado entre 1913 y 1928.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina, a través de su presidente Ramón S. Castillo, se manifestó neutral, lo que llevó a que toda la oposición se uniera en su contra. Un nuevo golpe militar depuso a Castillo en 1943. El disenso dentro del ejército, que no se decidía a restaurar la democracia ni a prolongar de forma indefinida la dictadura, aunado a las presiones de los grupos políticos y de Estados Unidos para que el gobierno se manifestase a favor de los Aliados, contribuyó al ascenso a la presidencia, en 1946, del entonces coronel Juan Domingo Perón, quien se catapultó al poder desde el Ministerio de Trabajo.
Perón obtuvo el apoyo de los sindicatos y ganó por estrecho margen las elecciones de 1946. Con la Confederación General de Trabajadores (CGT) de su lado, declaró el estado de guerra interna. Nacionalizó el comercio exterior, la banca, los ferrocarriles, el gas y los teléfonos; incrementó la flota marítima y creó la aérea; elevó a 50% la participación de los trabajadores en el ingreso nacional y dictó una avanzada legislación social. Además organizó a obreros y patrones en confederaciones nacionales, con las que negoció la política económico-social. Su esposa, Evita, fue un nexo excepcionalmente carismático entre Perón y los trabajadores, a quienes llamaba «los descamisados». Fue Eva Perón la gran responsable de que Argentina estableciera el voto femenino en 1947. En el plano externo, impulsó una «tercera posición» entre los bloques en pugna en plena Guerra Fría, lo que lo llevó a una situación conflictiva con Estados Unidos.
Reelecto en 1951, Perón, al enfrentarse a la Iglesia, perdió el favor del ejército. Un golpe de Estado lo derrocó en 1955 y debió partir al exilio. En su lugar se instaló una dictadura, encabezada por el general Pedro Aramburu, que abrazó la Doctrina de la Seguridad Nacional, delegando en Estados Unidos el control de la región. La dictadura impuso una distribución regresiva del ingreso y fusiló a militares y civiles opositores en la «Operación Masacre» de 1956, que inició décadas de violencia política.
El peronismo quedó proscripto, pero fueron sus votos los que en 1958 llevaron al gobierno al desarrollista Arturo Frondizi, quien abrió el país a las trasnacionales petroleras y automotrices e implantó un modelo de crecimiento y concentración de riquezas que suscitó graves enfrentamientos sociales. Frondizi desproscribió al peronismo, y en las elecciones para diputados de 1962 éstos triunfaron en diez provincias. Este hecho determinó una nueva intervención militar en la que Frondizi fue derrocado y emergió como hombre fuerte el general Juan Carlos Onganía.
Proscripto nuevamente el peronismo, llegó al gobierno el radical Arturo Illia, cuya administración fue la primera en cuatro décadas que no aplicó el estado de sitio ni otras medidas especiales de represión o censura cultural. Su gobierno estuvo signado por el choque con los sindicatos peronistas, que realizaron huelgas y ocuparon fábricas.
En junio de 1966, Illia fue derrocado por la «Revolución Argentina» del general Juan Carlos Onganía, que inauguró un nuevo modelo autoritario, clerical-corporativo en lo político, liberal en lo económico, y defensor de las «fronteras ideológicas» en lo internacional. Onganía prohibió la política, intervino las universidades y la CGT y desnacionalizó la economía en beneficio de consorcios norteamericanos, británicos y alemanes.
Una sucesión de levantamientos populares, aunados al surgimiento de la guerrilla, amenazaron con dividir el ejército. El general Agustín Lanusse asumió la presidencia en 1971 y anunció la convocatoria a elecciones, pero prohibiendo la candidatura de Perón, exiliado en Madrid.
Héctor Cámpora, candidato del Frente Justicialista de Liberación –nombre de la coalición electoral en la que se presentó el peronismo– obtuvo 49% de los votos en las elecciones de marzo de 1973 y renunció dos meses después de su asunción para permitir una nueva elección, en la que participara Perón, ya regresado al país. El 23 de setiembre, Perón fue electo presidente con 62% de los sufragios. La vicepresidencia quedó en manos de su esposa, María Estela Martínez de Perón («Isabelita»).
Los peronistas reanudaron las relaciones con Cuba e impulsó la participación de Argentina en el Movimiento de Países No Alineados. Después de la masacre de Ezeiza, el 20 de junio, día en que regresó Perón, los conflictos dentro de su movimiento se convirtieron en una guerra entre la vieja guardia sindical y las «formaciones especiales», como llamaba Perón a los guerrilleros «montoneros».
Al morir Perón en 1974, lo sucedió su viuda, cuyo ministro de Bienestar Social y ex secretario personal, José López Rega creó la «Triple A» (Alianza Anticomunista Argentina), organismo parapolicial que asesinó a opositores marxistas y de la izquierda peronista.
El 24 de marzo de 1976, el gobierno de «Isabelita» fue depuesto por una Junta Militar encabezada por el general Jorge Videla. Los militares desataron una ola de secuestros y asesinatos y crearon la ominosa figura del "desaparecido». Las organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la existencia de más de 25.000 desaparecidos, quienes fueron detenidos por fuerzas de seguridad, ante testigos, y cuyo destino nunca se supo con certeza.
La Junta Militar instauró una política de apertura a la importación que liquidó un tercio del aparato productivo. Fueron anuladas conquistas laborales y las economías regionales fueron asfixiadas por las altas tasas de interés. El stock ganadero se redujo en 10 millones de cabezas vacunas. La deuda externa llegó a los 60.000 millones de dólares, de los cuales se estima que la cuarta parte corresponden a compras de armas. Fue la época de la «patria financiera», cuando buena parte del sector productivo se volcó a la especulación, alentado por la orientación económica. Consecuencia de ello fueron los derrumbes de bancos y sociedades financieras que se inició en 1980.
Videla fue sustituido por el general Roberto Viola y éste por el general Leopoldo Galtieri, quien creyó poder contar con el respaldo incondicional del gobierno de Ronald Reagan en Washington y resolvió conjurar la crisis interna recuperando las islas Malvinas. El 2 de abril de 1982 desembarcaron tropas argentinas en las islas. El error de Galtieri quedó en evidencia con la reacción británica y el apoyo de Estados Unidos a su aliado del Atlántico Norte. Luego de 45 días de combates, que costaron unos 700 muertos a los argentinos y 250 a los ingleses, sobrevino la rendición argentina el 15 de junio; dos días después, Galtieri debió renunciar a sus funciones.
La Junta convocó a elecciones generales para octubre de 1983, que fueron ganadas por el jefe de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, con 52% de los sufragios.
El nuevo gobierno, que comenzó de manera auspiciosa, terminó con el completo desprestigio de Alfonsín. En lo político, el gobierno intentó juzgar a los jefes militares que habían participado en la llamada «Guerra Sucia». En lo económico, se buscó dar un combate frontal a la inflación, que había alcanzado índices desastrosos: 688% al finalizar 1984, reduciendo el gasto público y lanzando el Plan Austral, que congeló precios, tarifas de servicios y estableció una nueva moneda.
La condena a varios altos dirigentes castrenses –incluso el ex presidente Videla– y la posterior extensión de los juicios a oficiales de menor graduación motivaron fuertes presiones en el ámbito militar y Alfonsín debió enfrentar, entre 1987 y 1989, cuatro levantamientos militares. En 1987, el presidente había enviado al Congreso un proyecto, que fue aprobado, sobre «obediencia debida», eximiendo de culpa a la mayoría de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, alegando que actuaban en cumplimiento de órdenes superiores.
El fracaso del Plan Austral llevó a que entre diciembre 1983 y abril de 1989 se perdieran miles de empleos y unos 10 millones de habitantes –casi 30% de la población– quedaran virtualmente marginados del mercado de consumo. En ese período, la CGT organizó 14 paros generales y se repitieron los saqueos a comercios en distintos barrios de la capital y también en algunas ciudades del interior.
Las elecciones presidenciales de mayo de 1989 llevaron a la presidencia al peronista Carlos Saúl Menem. La magnitud del descalabro económico llevó a anticipar seis meses la fecha de asunción del nuevo presidente. Menem, que había sido gobernador de La Rioja, estableció un programa de privatizaciones a partir de la Ley de Reforma del Estado, de agosto de 1989. En el primer año de gobierno, se impulsó la privatización de la empresa petrolera estatal, de numerosos medios de comunicación, la administración de las telecomunicaciones y la aerolínea del Estado. Frente a la política de liberalización económica, la CGT sufrió una división entre los sectores que apoyaban al gobierno y quienes lo enfrentaban.
Menem restableció relaciones con el Reino Unido (dejando en suspenso la cuestión clave de la soberanía sobre las islas Malvinas) y, en dos etapas, indultó a todos los militares responsables de la «guerra sucia».
A pesar de las acusaciones de corrupción de que era objeto, Menem mantuvo su imagen merced a la estabilidad económica lograda por el Plan de Convertibilidad, ideado por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que redujo drásticamente el gasto público y estableció la paridad entre la nueva unidad monetaria –el peso– y el dólar norteamericano. La inflación bajó y alcanzó mínimos históricos: en 1993 fue de 7,4%. Sin embargo, se profundizó la desigualdad distributiva en las distintas regiones.
En las elecciones constituyentes de 1994, la gran sorpresa fue el desempeño de la coalición de izquierda Frente Grande, que se transformó en la tercera fuerza política del país y triunfó en la Capital Federal con 37,6% de los votos. No obstante, peronistas y radicales obtuvieron la mayoría necesaria para asegurar la reforma constitucional que permitió a Menem postularse para la reelección.
Poco antes de que Menem ganara las nuevas elecciones, en mayo de 1995, los escándalos sobre su presunta pertenencia a grupos mafiosos llegaron el seno de su propia familia, al morir, en un dudoso accidente aéreo, su hijo Carlos.
En el primer trimestre de 1996, Menem destituyó a Cavallo, por haber realizado denuncias que lo involucraban indirectamente en el asesinato del fotógrafo periodístico José Luis Cabezas. El nuevo titular de Economía, Roque Fernández, mantuvo la política de su predecesor.
En las elecciones presidenciales de 1999 triunfó el candidato de la Alianza (coalición formada por la UCR y el Frepaso, derivado del Frente Grande), el radical Fernando de la Rúa, que estuvo muy cerca de obtener el 50% de los votos en la primera vuelta.
La recesión económica se agudizó en 2000 y la nueva administración, que se había comprometido a combatir la corrupción, se vio envuelta en un escándalo que involucró la relación entre los poderes. En setiembre, el vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez se hizo eco de la denuncia de que varios legisladores habían sido sobornados en abril por el propio gobierno. Ante la negativa de De la Rúa de remover de sus cargos a los funcionarios involucrados, el vicepresidente renunció en octubre.
A fines de 2000, el FMI otorgó a Argentina una ayuda de unos 40.000 millones de dólares para cubrir las necesidades sociales, pero estos recursos se agotaron rápidamente y no se logró obtener inversión privada extranjera.
Tras haber fracasado en sus intentos de reactivar la economía y luego de que el riesgo país superara la barrera de los 800 puntos, en marzo de 2001 renunció el ministro de economía José Luis Machinea y, con él, cayó el resto del gabinete. De la Rúa recurrió a Cavallo para que se desempeñara, nuevamente, como ministro de Economía y el Senado aprobó una ley que incluía un recorte de 13% en salarios y pensiones públicas.
El FMI le negó a Argentina un nuevo préstamo, en diciembre, argumentando que la política económica era insostenible, y exigió más recortes presupuestarios. Para entonces, Argentina debía más de 140.000 millones de dólares a organismos internacionales (el 54% de su PIB) y había perdido cerca de 19.000 millones de dólares en inversiones.
Ante la fuerte fuga de depósitos, el gobierno estableció una serie de restricciones temporales a las cuentas. La medida, anunciada el 1º de diciembre, que debía durar 90 días, pasó a ser conocida como el «corralito». Una huelga general reclamando más empleo terminó con la renuncia de Cavallo.
De la Rúa también dimitió el 20 de diciembre en medio de fuertes protestas callejeras. Las manifestaciones, que incluyeron saqueos a supermercados y destrozo de comercios, fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, que dispararon a mansalva contra los manifestantes, matando a seis e hiriendo a decenas.
Tras la renuncia de De la Rúa, el presidente del Senado, el justicialista Ramón Puerta, asumió el cargo. Poco después, la Asamblea Legislativa nombró a otro justicialista, Adolfo Rodríguez Saá, quien renunció cinco días más tarde, tras declarar la cesación de pagos (default) de 81.800 millones de dólares en bonos de deuda externa argentina. Como Puerta se excusó de asumir de nuevo el cargo, Eduardo Camaño, también del PJ, presidente de la Cámara de Diputados, juró como mandatario interino y convocó a la Asamblea Legislativa. El 1º de enero de 2002, Eduardo Duhalde, principal opositor justicialista de Menem, fue elegido presidente. Duhalde fue autorizado a presidir el gobierno hasta setiembre de 2003 y las elecciones previstas para el 3 de marzo se cancelaron.
En enero de 2002 se anunció que el corralito permanecería hasta 2003 y la población sólo podría sacar su dinero en cuotas. El Banco Central intervino en el mercado cambiario para evitar un derrumbe del peso. Las protestas continuaron y provocaron destrozos en bancos y cajeros automáticos. Duhalde rompió su promesa de devolver dólares a quienes tuvieran depósitos en esa moneda y anunció que los depósitos bloqueados serían devueltos en pesos.
El malestar de la gente aumentó cuando, el 26 de enero, la justicia otorgó la libertad al ex presidente Menem, quien había estado detenido por tráfico ilícito de armas a Croacia y Ecuador.
La liberación del dólar, en febrero, determinó un aumento vertiginoso de su valor. A su vez, el gobierno intentó mediante el plan Bonex convertir a pesos los depósitos en moneda estadounidense. Al no contar con el apoyo político del Congreso para aprobarlo, el ministro de economía, Jorge Remes Lenicov, renunció en abril. Duhalde nombró a Roberto Lavagna, quien se propuso evitar un aumento incontrolable del dólar y comenzó las difíciles negociaciones con el FMI.
Argentina logró un moderado acuerdo con el FMI en enero de 2003. Por el mismo, el organismo aceptaba prorrogar temporalmente los pagos pendientes.
Duhalde adelantó las elecciones para mayo y avaló la candidatura del abogado Néstor Kirchner, entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, quien hasta ese momento había ocupado un segundo plano en la escena política. En la primera vuelta, Kirchner obtuvo el segundo lugar, con el 22% de los votos, detrás de Menem (24%). El apoyo manifestado por los otros candidatos, a la fórmula Kirchner-Scioli, y la amplia ventaja que le otorgaban las encuestas, motivaron el retiro de Menem de la carrera presidencial.
Pese al intento de Menem de dejar al nuevo presidente sin apoyo (al no presentarse a la segunda vuelta) Kirchner logró una popularidad de casi 80% en pocos meses.
Kirchner nombró un gabinete de ministros pertenecientes, en su mayoría, a su propia generación e inauguró un estilo de conducción expeditivo y audaz. De inmediato, pasó a retiro a decenas de militares involucrados en la represión, impulsó la derogación de las leyes exculpatorias y la prosecución de investigaciones en torno al tema de los «desaparecidos». En agosto depuró la Policía Federal, alejando de sus cargos a los oficiales corruptos. Lo mismo sucedió con magistrados de la Suprema Corte y con el ex-presidente De la Rúa, a quienes se prohibió salir del país.
En materia económica, decretó aumentos salariales y devolvió el dinero atrapado en el «corralito» a los pequeños acreedores particulares.
La deuda externa alcanzaba 178.000 millones de dólares. En setiembre, ante la Asamblea General de la ONU, Kirchner reclamó un rediseño del pago al FMI y afirmó: «los organismos multilaterales que alentaron el endeudamiento tendrán ahora que asumir su responsabilidad». En noviembre, enfatizó que el dinero del presupuesto de 2004 se usaría para planes sociales y no para pagar deuda externa.
Pese a las medidas del gobierno, el movimiento de desocupados «piqueteros» mantuvo una práctica de protesta consistente en bloquear el tráfico en rutas y calles. Los desórdenes que provocan estas medidas y la ola de secuestros, perpetrados por delincuentes muy organizados, fueron un importante factor de desequilibrio desde 2003, año en que el gobierno había logrado un crecimiento económico del 6% y la estabilidad del dólar en torno a los 3 pesos.
Kirchner y el presidente de Brasil, Luiz Inácio «Lula» da Silva, iniciaron en julio una agenda de fortalecimiento y ampliación del MERCOSUR, con el fin crear un frente de negociación con Europa y Estados Unidos e impedir el avance del ALCA.
La justicia emitió, en abril de 2004, una orden internacional de arresto contra el ex-presidente Menem, acusado de fraude.
Cientos de manifestantes de izquierda, vendedores ambulantes y travestis intentaron, en julio, ingresar a la sede del parlamento en protesta por la reforma del código de convivencia ciudadana que preveía duras penas para las protestas callejeras, la prostitución y la venta ambulante.
Menem volvió al país en diciembre, tras su auto-exilio en Chile y luego de que las acusaciones de fraude en su contra fueran retiradas.
En enero de 2005 Argentina ofreció a sus acreedores un acuerdo para pagar 100 mil millones de dólares de deuda con una quita del 75%. El mismo mes, el ex oficial del ejército Adolfo Scilingo, acusado de arrojar presos políticos al mar desde aviones militares, fue llevado a juicio en España. En abril, el ex oficial fue condenado a 640 años de prisión.
En las elecciones legislativas de octubre, el escenario político argentino reflejó el índice de popularidad del presidente. El Frente para la Victoria, su grupo político, obtuvo excelentes resultados. Menem, aunque quedó segundo en La Rioja, su provincia natal y antiguo bastión electoral, logró un escaño senatorial. A fines de ese mes, Kirchner nombró a Felisa Miceli, como ministra de Economía en lugar de Lavagna. Este fue el movimiento más sorpresivo de una renovación parcial del gabinete que incluyó la sustitución de su propia hermana en Acción Social.
La llegada del presidente estadounidense George W. Bush al país para asistir a la Cumbre de las Américas, en noviembre de 2005, desató protestas masivas y violentas.
En enero de 2006, gracias a cuatro años de superávit fiscal, Argentina canceló su deuda con el FMI de 9.810 millones de dólares, utilizando las reservas del Banco Central. El gobierno señaló que, de este modo, terminaba su dependencia del organismo financiero internacional.
En julio de 2007, la primera dama, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, lanzó su candidatura oficial a la presidencia para los comicios de octubre de ese año. Esto, que representaría un cambio en la imagen del gobierno, fue entendido por algunos sectores como señal de Néstor Kirchner estaba enfermo.