Entre 60 mil y 120 mil años atrás arribaron, según se estima, los primeros habitantes de Australia desde el sudeste asiático, si bien no es posible definir con precisión si se trataba de un grupo racial homogéneo.
Estos pueblos llamados «aborígenes» por los europeos, hablaban más de 260 lenguas que expresaban la identidad de diferentes culturas. Había rasgos comunes entre ellos: eran recolectores y cazadores seminómadas. La unidad económica y social básica era el clan, que administraba el uso de la tierra y resolvía los problemas ecológicos y sociales. La familia era la unidad social fundamental, autosuficiente para abastecerse y alimentarse en el marco del clan.
En el siglo XII de nuestra era, cartógrafos y navegantes portugueses se debatieron sobre la existencia de una terra australis incógnita. En el siglo XVII, navegantes holandeses avistaron la costa noroccidental y sudoriental de la actual Australia, sin interesarse por esos territorios. Los viajes del británico James Cook, en el siglo XVIII, dieron comienzo a la colonización del continente.
En 1788, Gran Bretaña estableció en Botany Bay, costa oriental, una colonia penal donde fueron condenadas y enviadas 736 personas. La situación era ideal, pues poco tiempo antes se habían perdido las colonias americanas, que alojaban gran parte de la población carcelaria. Los nativos fueron despojados de las tierras de cultivo y pastoreo más ricas, que pasaron a ser propiedad de los colonizadores, ignorando las legislaciones internacionales y británica que consagraba el derecho de los aborígenes a su territorio. Oficiales británicos, y colonos libres, en 1797 comenzaron a trabajar la tierra, poblándola con ovinos que incentivaron el comercio textil. Estas actividades serían el pilar de la economía australiana durante más de un siglo, sometiendo a la mano de obra esclava. Los condenados construyeron puentes y carreteras, también trabajaron la tierra y fueron sirvientes de la creciente población terrateniente.
Entre 1787 a 1857, más de 160 mil reclusos (ladrones, marineros desertores y opositores irlandeses), fueron destinados a Australia. En las diversas colonias del país, las penitenciarías y los gobiernos locales quedaron en manos de militares de alto grado designados por la Corona. Sus funciones consistían en vigilar la población carcelaria y encargarse de la defensa ante posibles ataques de otras potencias europeas. Esta situación se mantuvo incambiada hasta el siglo XIX.
El 80% de los aborígenes murió en guerras por el control de la tierra. A medida que vencían su resistencia, los aborígenes fueron progresivamente relegados a las zonas más inhóspitas de Australia. Aunque el objetivo no era el genocidio, en los hechos así sucedió en algunas partes del país. Los registros revelan que en 1871 existían únicamente 879 aborígenes en Victoria y menos de una decena había sobrevivido en Tasmania. También la exposición a enfermedades llegadas con los europeos causaron muchas víctimas entre los indígenas. Familias enteras fueron envenenadas, desplazadas de sus tierras a la fuerza y confinadas en reservas británicas. Muchos de los sobrevivientes, completamente derrotados, fueron obligados a firmar «contratos laborales» escritos en inglés –idioma que desconocían– donde eran obligados a trabajar en régimen de esclavitud como sirvientes domésticos o peones agrícolas sometidos a una severa disciplina. En ese proceso, se debilitaron los derechos de los aborígenes sobre la tierra y, gradualmente, también su cultura.
La estratégica ubicación del continente también fue importante para que los británicos controlaran su red naval mundial. En un principio el país sirvió de válvula de escape a las tensiones sociales creadas por el avance industrial en Gran Bretaña. En la década de 1830, el gobierno y los inmigrantes, que disfrutaban de trabajo y comida en abundancia, alentaron la llegada de personas de pocos recursos desde Gran Bretaña e Irlanda.
La ganadería y la explotación de grandes yacimientos de oro, y de otros minerales, impulsó la economía entre 1830 y 1860. Buscadores de oro de Gran Bretaña, Estados Unidos, Polonia, Alemania, Italia y China acudieron a las colonias de Nueva Gales del Sur y Victoria a principios de la década de 1850. En noviembre y diciembre de 1854, mineros de oro de Ballarat, Victoria, se rebelaron contra el precio excesivo de los permisos de exploración. Bajo la bandera de la Cruz del Sur, 10 mil de ellos se congregaron en Bakery Hill y exigieron el derecho a votar en las elecciones. Treinta murieron en defensa de la Eureka Stockade (estacada), construida por los mineros para resistir ante los soldados de la colonia. La bandera de la Cruz del Sur sigue siendo, hasta el día de hoy, un popular símbolo de resistencia ante el autoritarismo.
Los administradores británicos arrendaron grandes extensiones de tierra, provocando que, al final del período de la Gold Rush (Fiebre del Oro), todas las tierras fértiles de las colonias estuvieran en poder de los ricos terratenientes (squatters). La necesidad de «destrabar las tierras» hizo que las colonias aprobaran leyes que permitían la subdivisión de las tierras de los squatters para ponerlas al alcance de pequeños agricultores colonos (selectors). Aunque estas leyes tuvieron un éxito limitado, el poder de los squatters fue debilitado en ciertas zonas, especialmente en Queensland y Victoria.
Mientras tanto, en las ciudades surgió un movimiento obrero con gran poder de convocatoria. En el siglo XIX, los sindicatos australianos alcanzaron logros que el proletariado europeo distaba de obtener, como la jornada laboral de ocho horas para los albañiles de Nueva Gales del Sur y Victoria, lograda en 1856. La urbanización de la isla acompañó el desarrollo industrial. Sydney y Melbourne devinieron en grandes centros urbanos. La demanda de productos australianos en el mercado mundial y el bajo costo de la tierra alentaron el masivo arribo de inmigrantes, principalmente británicos, consolidándose la clase media y una rica burguesía industrial que transformó la vida del país. Entre 1860 y 1890 los gobiernos liberales dominaron la escena política.
En la década de 1890, una base de poder político surgió tras las huelgas de mineros, estibadores y esquiladores, alcanzando una unificación y la representación de las clases obreras. En 1891 los candidatos laboristas ganaron 36 de las 45 bancas que se disputaron en la Asamblea Legislativa de Nueva Gales del Sur y de esa forma mantuvieron el equilibrio del poder. Un dirigente del Partido Laborista Australiano (PLab) fue elegido primer ministro en 1908.
La aprobación de la Constitución –redactada entre 1897 y 1898– por el parlamento británico, estableció una confederación de colonias australianas autónomas. En 1901, las seis colonias (Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia Meridional, Australia Occidental, Queensland y Tasmania), como estados independientes, conformaron la Mancomunidad de Australia, regida por un parlamento federal. El Territorio del Norte y la capital federal no se integraron hasta 1911. Una de las primeras leyes que aprobó el nuevo parlamento del país instauró una prueba de dictado que impidiera el ingreso a Australia de inmigrantes de ciertas nacionalidades «indeseables», instrumentando así la política de una «Australia Blanca». Dicha ley recién se anuló en 1958.
Una prolongada prosperidad económica financió reformas sociales, impulsando el país como una sociedad abierta. En 1893 se aprobó el derecho al voto para las mujeres en Australia meridional; en 1902, la Mancomunidad de Australia se convirtió en uno de los primeros países del mundo en consagrar el derecho al voto femenino al otorgar el voto a todos los súbditos británicos con seis meses de residencia y mayores de 21 años de edad, con excepción de los aborígenes, los asiáticos y los africanos.
Tras la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 30 mil australianos y 65 mil quedaron lesionados, los vínculos con Gran Bretaña se debilitaron y EE.UU. pasó a garantizar la seguridad en la región.
La Guerra de Corea (1950-1953) contribuyó al alza de los precios de la lana, y consolidó la economía del país, disminuyendo las diferencias de bienestar entre el medio urbano y el rural.
Durante la Guerra Fría, en 1951, se firmó el tratado de seguridad entre Australia, EE.UU. y Nueva Zelandia/Aotearoa (ANZUS, por su sigla en inglés), que pretendió garantizar intereses estadounidenses y de aliados en la región. Esta alianza militar comprometió a los australianos en Vietnam (así como en otros conflictos), lo cual deterioró su imagen internacional y provocó el inicio de un gran movimiento antibélico.
Durante la década de 1960, Japón fue el comprador principal de minerales australianos y financió la búsqueda de yacimientos de carbón. Una vez encontrados, abastecieron la industria australiana y la inmensa demanda energética de los nipones.
En 1967, un plebiscito reconoció los derechos ciudadanos para los aborígenes (incluido el derecho al voto), elevando al gobierno federal la problemática de los nativos.
En 1972, un grupo de aborígenes instaló una embajada en una tienda de campaña fuera del Parlamento Federal para obligar al gobierno a reconocer sus derechos sobre la tierra. En los cinco años siguientes, gobiernos liberales y laboristas por igual aplicaron políticas y leyes favorables a la devolución de tierras a la población indígena. Pero en 1983, la aprobación de una ley en defensa de los derechos territoriales de los aborígenes quedó en el olvido. Las empresas explotadoras de minerales (oro, uranio, bauxita y hierro) argumentaron, contra la opinión pública, que hacerlo comprometería la economía del país.
En Australia los aborígenes representan apenas el 2,4% de la población total del país, y mantienen sus diversas lenguas. Dos tercios ya no conforman tribus y una minoría apreciable sigue residiendo en zonas consideradas inhóspitas por los europeos, como el desierto central, donde han logrado preservar sus tradiciones religiosas y sociales.
Tras el gradual desmantelamiento de la política de la Australia Blanca, los dirigentes políticos, en la década de 1970, declararon que Australia era un país multicultural. Se forjaron lazos económicos y políticos más estrechos con Asia. En 1989, se creó el organismo de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), liderado por Australia. El proyecto promovió un mercado común en la región, y pretendió actuar como portavoz de los países exportadores de alimentos, impulsando el llamado «Grupo de Cairns», en la Ronda Uruguay del GATT.
En 1991, la desocupación alcanzaba a más de un millón de habitantes, que ejercieron una presión continua ante el gobierno laborista de Bob Hawke. La liberalización económica impulsada en la década de 1980, por el mismo Hawke, continuó cuando asumió el gobierno Paul Keating. Al año siguiente, el desempleo alcanzó al 11,1% de la población y el gobierno aprobó leyes para aumentar el empleo y reducir en un 29% el ingreso de inmigrantes.
La Corte Suprema Australiana reconoció por primera vez, con el fallo Mabo de 1992, que aquellos indígenas que pudieran demostrar que ellos y sus ancestros habían ocupado y trabajado en tierras de la Corona poseían títulos de propiedad nativos y podían reclamar sus tierras. Keating ganó por poco margen las elecciones de 1993 y prometió dar prioridad a la problemática aborigen. Sin embargo, el gobierno presentó un paquete de medidas que limitó el alcance del fallo Mabo al proteger la explotación minera y la ganadería en tierras reivindicadas por los aborígenes. Las medidas de Keating dividieron a los dirigentes aborígenes. Muchos se opusieron a las mismas y acusaron a Keating de traicionar sus promesas electorales.
La reanudación de pruebas nucleares francesas en el atolón de Mururoa, provocó masivas protestas populares en Australia y enfrentó duramente al gobierno con Francia. Los británicos se negaron a enfrentar a Francia, y esa actitud reforzó la postura independentista que buscaba romper lazos con Gran Bretaña y convertir a Australia en una república.
En 1996, John Howard, al frente del Partido Liberal (PLib), ganó las elecciones, y prometió una «moralización» de las costumbres de la dirigencia de su país. Ese año, la Suprema Corte de Justicia reconoció el derecho de los aborígenes a tierras arrendadas por el Estado a los ganaderos, pero Howard limitó de inmediato el alcance del fallo. En 1997, la eventual apertura de una mina de uranio al norte del país provocó un fuerte rechazo de grupos aborígenes. Sus líderes sostuvieron que se contaminaría su territorio. Desde entonces, los grupos nativos presentaron demandas para que se reconociera su propiedad sobre vastas áreas costeras y marítimas, pero sin éxito.
La coalición del PLib y el Partido Nacional (PN) ganó las elecciones de 1998 y fue reelecto Howard. En 1999, en el referéndum para decidir si el país se convertiría en república, ganaron los monárquicos con 54% de los votos. Isabel II de Inglaterra continuó siendo la jefa de Estado.
En 2000, la ONU criticó a Australia por el trato que daba a los aborígenes. El gobierno, no pidió perdón pero declaró «pesar» por el continuo maltrato del pasado contra los nativos.
Howard obtuvo su tercer mandato en las elecciones generales de 2001. Gran parte del público apoyó su decisión de hacer retornar a su lugar de origen barcos con refugiados afganos e iraquíes.
Pese a las presiones de ACNUR, la política australiana hacia los refugiados en 2002 (especialmente hacia los afganos que huyeron luego de la caída el régimen talibán) continuó siendo poco proclive a extender los permisos. Ese año, luego de los atentados terroristas en Bali (que causaron la muerte a 94 turistas australianos), Howard prometió justicia para las víctimas y ratificó su apoyo a EE.UU. en la lucha contra el terrorismo.
El despliegue de tropas australianas en el Golfo Pérsico en apoyo a la inminente guerra liderada por EE.UU. desató fuertes protestas populares y la primera censura de la historia del senado contra un gobernante, recriminando la ayuda de Howard a Washington en la crisis de Irak.
El gobernador general Peter Hollingworth renunció a su cargo, en mayo de 2003, luego de reconocer que, en los años 1990, cuando era arzobispo anglicano, había permitido a un reconocido pedófilo continuar ejerciendo el sacerdocio.
Un comité investigador del parlamento reconoció, en marzo de 2004, que los servicios de inteligencia habían fallado en el caso de las bombas de Bali y en la información sobre las supuestas armas de destrucción masiva en manos de Irak. Sin embargo, absolvió al gobierno de la acusaciones de mentir o manipular deliberadamente la información. En abril, la consejera principal de la Organización de Defensa de la Ciencia y la Tecnología del Departamento de Defensa, Jane Errey, quien se había rehusado a afirmar que Irak poseía armas de destrucción masiva, fue despedida.
Un giro en la política de inmigración, en julio del mismo año, permitió que miles de solicitantes de asilo obtuvieran la residencia permanente. La ministra de inmigración, Amanda Vaston, dijo que «aquellos que hagan una contribución significativa a la comunidad australiana pueden permanecer aquí».
En agosto de 2004, Australia anunció el inicio de un multimillonario programa de construcción de misiles crucero. En setiembre, la embajada australiana en Yakarta, Indonesia, sufrió la explosión de una bomba que mató, en las afueras de la misma, a nueve personas. Estos ataques no ayudaban a una normalización de las relaciones entre Australia e Indonesia, muy deteriorada por la posición australiana en el conflicto de Irak y por su intento de extender la guerra al terrorismo a la región Asia-Pacífico.
El PL de Howard, en alianza con el PN, alcanzó por cuarta vez consecutiva el gobierno, en octubre de 2004.
De los 2 mil soldados enviados por Australia a Irak, 900 permanecían allí, en enero de 2005. En julio, se anunció un futuro envío de 150 tropas especiales a Afganistán, para contener los ataques rebeldes. La fuerza original desplegada en aquel país había sido retirada en 2002.
Mientras el parlamento debatía una nueva ley antiterrorista, en noviembre, la policía australiana declaró que había desbaratado un plan de ataque a gran escala en el país.
La firma, en enero de 2006, de un acuerdo entre Australia y Timor Leste para compartir los millonarios ingresos esperados por la explotación de yacimientos de petróleo y gas en el mar de Timor, pospusieron el debate sobre fronteras marítimas entre ambos países.
El país sufrió, durante 2006, las peores sequías de los últimos cien años. Esto incrementó la alarma pública sobre el impacto del cambio climático.
El gobierno anunció, en abril de 2007, que planeaba doblar sus tropas en Afganistán para 2008. Según Howard, la insurgencia talibán estaba lejos de debilitarse en Afganistán, y se necesitaba «un esfuerzo renovado y creciente» para ganar la guerra.
El mismo mes, Howard anunció que intentaría modificar las leyes de inmigración para prohibir la entrada a inmigrantes o refugiados con VIH/SIDA. Los casos de VIH/SIDA habían aumentado un 41% entre 2000 y 2005.
En julio, Brendan Nelson, ministro de Defensa, admitió que asegurar el acceso a las fuentes petrolíferas era un factor que justificaba la presencia de las tropas australianas en Irak. Esta fue la primera vez, desde la ocupación en marzo de 2003, que se realizaba una admisión de esta índole.