Dos mil años antes de nuestra era, la región que hoy es Bolivia estaba habitada por agricultores y pastores en su parte andina y por recolectores silvícolas en la parte oriental. En este territorio se puede encontrar desde zonas de alta montaña (la fría puna) hasta los valles calientes y también selva, todo lo cual permitió producciones de ganado, cultivo de papa, algodón, maíz y la explotación de minerales, pesca y coca. En esa región se desarrollaron diversos reinos o señoríos, en cuyo centro se constituyó la civilización Tiahuanaco-Huari (600 a.C.-1000 d.C.).
La organización social partía de la unidad básica denominada ayllu, unidad de parentesco en la que no existía propiedad privada de la tierra, aunque la sociedad estaba estratificada en campesinos, artesanos y el ayllu dirigente, compuesto por sacerdotes y guerreros, que nombraba el jefe o mallku.
En el 800, Tiahuanaco se expandió, formando el primer imperio panandino. Hacia el 1100 los inkas, provenientes del valle del Cusco (Perú), colonizaron al resto de los pueblos andinos, constituyendo una confederación de estados denominada Tahuantinsuyo (también conocido como Imperio Inkaico) que adopta elementos técnicos, culturales, religiosos y económicos de la cultura Tiahuanaco, en particular la estructura del ayllu.
Mediante la mita, institución luego explotada inhumanamente por los españoles, cada trabajador brindaba servicios al Estado centralizado. Se trataba de una organización basada en un modo de producción comunitario y autosuficiente.
Cuando llegaron los españoles, a inicios del siglo XVI, el Tahuantinsuyo se extendía desde el sur de Colombia, por Ecuador y Perú, hasta el norte de Chile, y desde el lago Titicaca y el altiplano hasta el norte de Argentina, y abarcaba los valles de las estribaciones de la cordillera y los llanos orientales. Se calcula que en lo que hoy es Bolivia había una población de un millón de personas, y en el Tahuantinsuyo de doce a trece millones; por lo tanto era la región más poblada de Sudamérica. Constituían organizaciones multiétnicas, con predominancia de los pueblos de habla aymara y quechua. En los llanos del oriente vivían los pueblos tupí-guaraníes, dispersos en pequeños grupos. Al día de hoy las lenguas aymara y quechua continúan siendo habladas por la mayoría de los bolivianos.
En 1545, se descubrieron las minas de Potosí, de cuyas vetas España extrajo inmensos volúmenes de plata, los cuales contribuyeron a consolidar los procesos de acumulación de capital de las potencias europeas. Millones de indígenas murieron trabajando hasta la extenuación. En las faldas del Cerro Rico se levantó la ciudad de Potosí, una de las tres mayores del mundo durante el siglo XVII, que constituía el centro económico de vastas regiones de Chile y Argentina además de la propia. Se generó así una rica y ostentosa burguesía minera.
Tras varias décadas de lucha popular antiespañola, que tuvo su apogeo en las rebeliones de Tupac Katari (1780-82) y en la Junta Tuitiva de La Paz (1809), el sector criollo se adueñó del proyecto independentista y lo desfiguró, calcando modelos económicos y administrativos de las nuevas potencias capitalistas emergentes en Europa. La oligarquía minera decayó como consecuencia del bloqueo de Londres al comercio del mercurio, esencial para la producción de plata. Esta circunstancia hizo que la burguesía comercial de Buenos Aires se desinteresara de la región del, así denominado desde fines del siglo XVIII, «Alto Perú» (Bolivia) y no opusiera mayor resistencia a que pasara a formar parte de la órbita de influencia del libertador Simón Bolívar, originario de Venezuela. El país fue bautizado de nuevo con su nombre en 1825, cuando la Asamblea de Representantes proclamó la independencia.
A partir de ese momento, la influencia de Perú sobre Bolivia será constante, hasta 1841. Al mariscal Andrés de Santa Cruz, le corresponderá el intento de modernizar el país fundando universidades, poniendo en funcionamiento la Suprema Corte de Justicia, aprobando códigos, etcétera.
La «rosca» de propietarios de minas, Patiño, Aramayo, Hochschild y otros políticos y generales de extracción oligárquica, manejaron la vida republicana moderna de Bolivia como parte del negocio del estaño. El interés del imperialismo británico por el salitre de Antofagasta, primero, y por el petróleo del sur, después, desencadenó dos guerras fratricidas en América del Sur: la del Pacífico entre 1879 y 1883, de Chile contra Bolivia y Perú; y la del Chaco, de 1932 a 1935, de Paraguay contra Bolivia. En ellas Bolivia perdió sus costas oceánicas y las tres cuartas partes del territorio chaqueño. La cesión a Brasil del Acre amazónico, luego que aquél lo invadiera en 1904, completó el desmembramiento del país.
El 21 de julio de 1946 el presidente Gualberto Villarroel fue derrocado y asesinado, acusado de fascista. Su cuerpo fue colgado de un farol, en la plaza principal de La Paz. Villarroel, que había derrocado al General Enrique Peñaranda, se había enfrentado a los dueños de las minas, les había fijado impuestos y había organizado sindicalmente a los mineros. Asimismo, había movilizado al campesinado al reunir por primera vez el Congreso Indígena, lo cual provocó la reacción en su contra tanto de los partidos de derecha como de izquierda.
El sentimiento de frustración nacional que produjeron estas derrotas abrió paso a un fuerte impulso reformador y antiimperialista. Creció así, al lado de las izquierdas sindicales y campesinas, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Tras varios levantamientos y una victoria electoral no respetada en 1951 el MNR encabezó en 1952 una insurrección popular que derrotó en las calles al ejército de la oligarquía y llevó al gobierno a Víctor Paz Estenssoro, primero, y a Hernán Siles Zuazo, después. La revolución boliviana nacionalizó las minas de estaño, decretó la reforma agraria y estableció el voto universal. Se organizaron milicias obreras y campesinas que conjuntamente con la Central Obrera Boliviana (COB) ejercían el llamado co-gobierno con el MNR.
Debilitado por divisiones políticas internas, el MNR finalmente fue derrocado por una junta militar encabezada por René Barrientos, en noviembre de 1964. Ernesto «Che» Guevara inició un movimiento guerrillero, en busca de establecer un «foco» a partir del cual expandirse por el continente. Capturado por fuerzas especiales adiestradas por Estados Unidos, fue asesinado el 8 de octubre de 1967.
Diferencias en el ejército y la presión popular determinaron que en 1969 asumiera el gobierno un sector antiimperialista, encabezado por el general Juan José Torres. En su corta gestión se produjo un ascenso considerable de las organizaciones populares. Se formó la Asamblea Popular con base en la COB y partidos de izquierda. En agosto de 1971 fue derrocado por el coronel Hugo Bánzer Suárez, quien inició un gobierno con el apoyo del MNR. Este gobierno cívico-militar se mantuvo hasta julio de 1978 realizando una gestión en favor de la agroindustria y obras de infraestructura, amparado en los altos precios del petróleo y los minerales.
Entre 1978 y 1980 tres golpes militares y dos elecciones presidenciales se sucedieron en forma alternada. En las elecciones de junio de 1980 triunfó la Unión Democrática y Popular (UDP), coalición de centroizquierda, cuyo candidato, Hernán Siles Zuazo, fue impedido de asumir por un nuevo golpe de Estado perpetrado por el general Luis García Meza. Miles de ciudadanos fueron asesinados y torturados, según Amnistía Internacional.
En 1982, disensiones internas, el desprestigio internacional del régimen por sus vínculos con el tráfico de drogas y la tenaz resistencia popular encabezada por la COB, determinaron la caída del régimen militar. El 10 de octubre Hernán Siles Zuazo asumió la presidencia luego de 18 años de regímenes militares.
Siles Zuazo inició una gestión populista y nacionalista, cediendo a los sindicatos la administración de las minas estatales. Anunció, además, el no pago de la deuda externa. El movimiento obrero, popular y campesino presionó con sus movilizaciones y diversas leyes permitieron su intervención en la gestión económica de las empresas, en comités populares de abastecimientos alimentarios, de salud y de educación. Como respuesta la banca acreedora y las instituciones internacionales como el FMI y el BM bloquearon los créditos y el comercio internacional, lo que desató una crisis financiera e hiperinflacionaria incontrolable.
Bajo fuerte presión de todos los sectores sociales, el gobierno acortó su propio mandato. En julio de 1985, se realizaron elecciones generales y al no obtener ningún candidato más de 50% de los votos el Congreso eligió presidente a Víctor Paz Estenssoro del MNR, a pesar de que el general Hugo Bánzer, con la ADN, había ganado las elecciones por escaso margen.
El gobierno de Paz Estenssoro implantó un programa de ajuste neoliberal, suprimió subsidios, cerró empresas estatales y eliminó el control de precios y de la cotización del dólar. El cierre y arriendo de las minas dejó sin empleo a miles de obreros, mientras se paralizó la inversión productiva.
En las elecciones nacionales de 1989, el MIR de Jaime Paz Zamora, surgió como una nueva fuerza con 19% de los votos (el doble que en las anteriores) y alcanzó el tercer puesto. El candidato del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada, obtuvo 23% y la ADN de Bánzer 22,6%. No obstante, el llamado «Acuerdo Patriótico» entre el MIR y la ADN permitió la nominación parlamentaria de Paz Zamora como presidente. Ambas fuerzas continuaron la política neoliberal del gobierno precedente.
Se inició un programa de privatizaciones de empresas públicas, con excepción de las estratégicas. Aun así, la Corte Suprema de Justicia anuló por inconstitucional una ley que autorizó la privatización de 22 de las 64 empresas estatales. En cambio, el gobierno promovió asociaciones de capital entre la Corporación Minera (COMIBOL) y empresas privadas (joint ventures).
En abril de 1991 el Parlamento autorizó el ingreso de militares de Estados Unidos para adiestrar personal boliviano en la lucha antidrogas. A pesar de las acciones militares y la política de sustitución de plantaciones de coca, denominada «coca por desarrollo», la superficie de éstas aumentó.
La pérdida de poder de movilización del movimiento obrero se vio compensada por el surgimiento de nuevas organizaciones de pueblos y comunidades originarias. Se realizaron diversos congresos de la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y la Amazonia Boliviana (CIDOB) y de la Asamblea del Pueblo Guaraní, entre otras. Sus principales reivindicaciones fueron la asignación de tierras, preservación del hábitat y el uso de los idiomas nativos en la enseñanza. La población del Oriente Boliviano comprendía 35 grupos étnicos y 10 grupos lingüísticos.
En setiembre de 1990, se efectuó una marcha indígena a lo largo de 750 km. desde el Oriente hasta La Paz, con la consigna de «Tierra y Dignidad». El gobierno aprobó un «Plan Nacional para la Defensa y el Desarrollo Indígena», en cuyo marco, en agosto de 1991, se reconocieron 8.000 has. como propiedad colectiva de la Comunidad Mosetana de Santa Ana de Horachi.
En enero de 1992 los presidentes Paz Zamora y Alberto Fujimori suscribieron un acuerdo por el cual Perú cedió a Bolivia una zona franca de 327 hectáreas en el puerto de Ilo, con lo que Bolivia obtuvo un puerto libre para su comercio internacional.
Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR, ganó las elecciones nacionales de junio de 1993 con 36% de los votos.
En el primer año de gobierno se estableció por ley el derecho a la educación en las lenguas nativas. La ley de Capitalización resolvió la privatización del 50% de las principales industrias públicas (telecomunicaciones, electricidad, petróleo, gas, ferrocarriles, líneas aéreas) sobre la base de transferir a los ciudadanos bolivianos la mitad de las acciones como fondos de pensión. El objetivo era atraer la inversión externa, reducir el desempleo e incrementar el PBI.
La quema de plantaciones de coca promovida por Estados Unidos motivó continuos enfrentamientos entre campesinos y las fuerzas militares.
La ley de Capitalización, impopular entre los trabajadores, provocó en 1995 una sucesión de huelgas. En dos oportunidades, el gobierno declaró al país en estado de emergencia, con poderes especiales para la policía y toque de queda.
En las elecciones nacionales de junio, Acción Democrática Nacionalista venció con 22% de los votos, seguida por el MNR, el MIR, UCS y Conciencia de Patria. Hugo Banzer fue electo como nuevo presidente luego de arduas negociaciones.
Los 100 sindicatos de cocaleros acordaron en agosto con el gobierno reducir voluntariamente la producción para cumplir con las exigencias de Estados Unidos, que por su parte se comprometió a entregar 40 millones de dólares para combatir el narcotráfico. En enero de 1999 Washington reconoció que el plan había resultado exitoso y que la producción boliviana se había reducido en un 50%.
Jorge Quiroga reemplazó en la presidencia a Bánzer, enfermo de cáncer, en agosto 2001.
En diciembre, los campesinos rechazaron la oferta gubernamental de un subsidio de 900 dólares anuales per capita por no plantar coca. Ese mes, el líder campesino Casimiro Huanca murió luego de ser baleado por la policía.
En 2000, en Cochabamba, la población se rebeló contra la privatización del servicio público de agua impuesta por el Banco Mundial. La distribución del agua había pasado a manos de la transnacional estadounidense Bechtel. El descontento aumentó junto con los precios del agua. Los ciudadanos paralizaron la ciudad por una semana y Bechtel abandonó el país.
Dos candidatos encabezaron los sufragios de las elecciones nacionales de junio del 2002. Sánchez de Lozada con el 22.46% de los votos y Evo Morales, el líder indio de los cultivadores de coca y candidato por el Movimiento al Socialismo (MAS), que consiguió el 20.94%. Ya que ninguno de los dos consiguió una mayoría categórica el Congreso definió con su voto y Sánchez de Lozada fue electo presidente en agosto.
En enero de 2003 los cocaleros bloquearon la principal carretera del país lo que originó una violenta represión que costó la vida de diez campesinos y dos soldados. Sánchez de Lozada aceptó iniciar conversaciones con los campesinos, quienes reclamaban la ampliación de la cuota permitida de cultivo de coca y un cambio radical de las políticas de gobierno.
El 1° de setiembre de 2003 se inició una marcha de campesinos y trabajadores desde la localidad de Caracollo hasta la ciudad de La Paz, en oposición a la exportación de gas, a través de Chile, a Estados Unidos como materia prima y exigiendo que éste se dedicase, en primer lugar, al uso doméstico y el desarrollo interno. La protesta se generalizó y se sucedieron piquetes, marchas y bloqueos de caminos durante todo el mes.
El 10 de octubre, la ciudad de La Paz fue virtualmente sitiada por los manifestantes. El 12 de octubre, en El Alto, el ejército abrió fuego contra la multitud, con un saldo de 26 muertos y decenas de heridos. Como resultado, el conflicto se extendió a todo el país.
El 16 de ese mes tuvo lugar la marcha más grande de la historia de Bolivia. Activistas por los derechos humanos, intelectuales y sectores de la clase media en huelga de hambre, exigieron la renuncia del presidente y la asunción del vicepresidente Carlos Mesa en su lugar. El 17 de octubre se hizo efectiva la renuncia de Sánchez de Lozada, que huyó hacia Miami con su familia y los principales ministros de su gobierno. Esa misma noche se convocó al Congreso, ante el cual asumió Mesa como presidente.
El nuevo presidente se comprometió a organizar un referendo para decidir sobre la venta del gas natural, haciéndose eco, así, de las principales reivindicaciones de las masas y los partidos de oposición.
La denominada «guerra del gas» dejó un saldo de 74 muertos y cientos de heridos, en su mayoría indígenas.
Finalmente, en julio de 2004 se realizó el referéndum. La opción impulsada por el gobierno triunfó con el 75% de los votos. La estrategia del gobierno era la de usar una ruta que atravesaría Perú para la exportación de gas natural. En agosto, Bolivia y Perú firmaron un compromiso que permitió llevar gas boliviano a un puerto peruano, y así exportarlo a otros países. Con este acuerdo Bolivia obtuvo acceso al mar por primera vez en 125 años.
En octubre, miles de campesinos marcharon hacia La Paz reclamando que se juzgara al ex presidente Sánchez de Lozada, señalado como responsable de la muerte de 58 personas durante la «guerra del gas». A su vez, exigían la sanción de una ley que nacionalizara los hidrocarburos.
Abrumado por masivas protestas sociales en demanda de la nacionalización del petróleo y reclamos regionales de autonomía, Mesa abandonó la presidencia en junio. Las manifestaciones callejeras se habían intensificado al punto de que el personal del presidencial Palacio Quemado había sido evacuado. Eduardo Rodríguez, quien era presidente de la Corte Suprema, asumió la presidencia del país.
Evo Morales se convirtió en el primer presidente indígena del país, al alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones de diciembre de 2005. Al ceñirse la banda presidencial, en enero de 2006, declaró que gobernaría sin marginar a nadie, «respetando la voz del pueblo». Asimismo, para señalar que no habría sitio para aquellos acostumbrados a vivir del Estado y de la pobreza del pueblo, citó una frase proveniente del imperio inka: «no robar, no mentir, no ser ocioso».
El primero de mayo de 2006, Morales anunció en el pozo petrolero de San Alberto la recuperación de los hidrocarburos en favor del Estado Boliviano. Sin embargo, a un año del anuncio, el proceso se encontraba inconcluso, y lejos de hacerse realidad.
En julio de 2007, la Oficia Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) presentó un informe en el que señaló que la UE había donado dinero a Bolivia para la construcción de centros educativos que nunca fueron construidos. El proyecto se inició en 1998, la UE donó 6 millones de euros para el mismo, y debió ser terminado para mayo de 2004.