El territorio de la actual España ha sido habitado por numerosas culturas. Originalmente, en la península se asentaron pueblos provenientes del norte de África y del oeste de Europa. A partir del 1.100 a.C. la región fue polo de atracción para las civilizaciones navegantes, como los fenicios, los griegos y los cartagineses, que comenzaron a fundar asentamientos y puestos de comercio, especialmente en los litorales este y sur. Los navegantes encontraron una diversidad de pueblos, llamados colectivamente íberos (nombre probablemente derivado del griego, a partir del río Ebro), que no tenían una cultura común ni compartían un lenguaje. Entre los siglos IX y VIII a.C. los celtas se habían ido asentando en el centro y el oeste de la península.
Más adelante, durante los siglos VI y V a.C., se desarrolló al sur del territorio la cultura íbera y la fusión de estas dos culturas dio origen a los que se conocen como pueblos celtíberos, que fueron conquistados por los cartagineses que en el siglo III a.C. colonizaron gran parte de la península. Los romanos expulsaron a los cartagineses y, si bien tuvieron que confrontar innumerables revueltas, para el siglo I a.C. establecieron, por primera vez, una única autoridad política en Iberia. Las élites íberas adoptaron la cultura romana y se convirtieron en ciudadanos de Roma, sobre todo en el sur, donde la presencia imperial era más fuerte.
La desaparición del Imperio Romano (aproximadamente 350 d.C.) coincidió con la expansión del cristianismo y con las invasiones de pueblos germánicos que asolaron Europa y culminaron en la península ibérica con el asentamiento de los visigodos, que impusieron su autoridad durante los siguientes tres siglos.
En el 700 d.C. la península fue invadida por los árabes que derrotaron a Rodrigo, el último rey visigodo, dando comienzo a ocho siglos de dominación musulmana. Los descendientes de los visigodos, concentrados en el norte del territorio, se fueron organizando en reinos (Castilla, Cataluña, Navarra, Aragón, León, Portugal), y a través de los siglos realizaron un lento proceso de unificación que se consolidó en su lucha contra los árabes.
Los árabes llamaron Al-Andalus a las tierras del sur de la península ibérica. Durante el siglo X Al-Andalus alcanzó su apogeo y en contraste con el resto de la Europa rural y empobrecida, sus ciudades (Córdoba principalmente) se desarrollaron prósperas gracias al activo comercio con Oriente. La tolerancia religiosa permitió la convivencia de musulmanes, judíos y cristianos y un gran desarrollo de la ciencia, la medicina y la filosofía. Se realizaron copias y traducciones de textos griegos clásicos, lo que preparó el camino para el Renacimiento europeo del siglo XV.
En 1492 se operó en España el triple proceso de la unificación nacional a través del matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, la expulsión de los moros y la conquista y posterior colonización de los nuevos territorios americanos. La unidad del poder político y la creación del reino de España se realizó a expensas de la expulsión de los judíos que habían habitado el territorio durante muchos siglos, y de otras culturas, al tiempo que entronizó la Inquisición y centralizó el poder. Al mismo tiempo, los nuevos dominios americanos abastecieron de metales preciosos a la metrópoli y permitieron tres siglos de bonanza económica. Las culturas indígenas soportaron la doble incidencia de la evangelización impuesta por la corona y la explotación de su fuerza de trabajo. Esto, junto con enfermedades europeas para las que carecían de inmunización, ocasionó la desaparición de muchas de ellas.
La prosperidad económica generada por las colonias se correspondió en la metrópoli con un período de gran desarrollo de las artes y particularmente de la literatura, que conoció durante los siglos XVI y XVII un momento culminante en el llamado Siglo de Oro Español.
Con el siglo XVIII comenzó en España la dinastía de los Borbones, que reorganizaron la administración del país y de sus dominios en América y gobernaron inspirados en los principios de la Ilustración. En los años siguientes, la difusión por toda Europa y América de las ideas liberales de la Revolución Francesa y la posterior expansión napoleónica sobre la península ibérica, debilitaron los lazos que unían a la metrópoli y sus colonias, que comenzaron de inmediato un largo período de guerras por la independencia.
Finalizada la dominación napoleónica se sucedieron las luchas entre sectores liberales modernizadores y los absolutistas conservadores del orden tradicional.
Durante el siglo XIX España resignó sus territorios americanos y debió asumir la pérdida definitiva del lugar de privilegio que había llegado a ocupar en el escenario mundial.
El siglo XX encontró a España sumida en una profunda crisis política, social y económica que la Primera Guerra Mundial no hizo sino agudizar. En medio de una extrema polarización, la dictadura de Primo de Rivera, surgida del golpe de Estado de 1923, buscó frenar el avance de los reclamos obreros y autonomistas. El gobierno, de gran similitud con el modelo fascista imperante en Italia, persistió hasta 1931, cuando cayó más por efecto de las contradicciones entre las fuerzas que lo sostenían (Iglesia, militares e industriales) que por la acción de la oposición política y sindical. El fin de la dictadura fue también el de la monarquía que la había apoyado y el comienzo de una nueva etapa republicana.
La llamada Segunda República nació en medio de una serie de dificultades políticas y económicas de muy compleja resolución. Luego de dos gobiernos moderados, el ajustado triunfo electoral del Frente Popular integrado por socialistas, republicanos, comunistas y anarquistas terminó de antagonizar las posiciones políticas en 1936.
Inmediatamente después de las elecciones, ejército, Iglesia y poderosos sectores de la economía española comenzaron a trabajar para derrocar el gobierno, debilitado por disidencias internas. En 1936 un sector importante del ejército liderado por el general Francisco Franco se alzó contra la República y dio comienzo a tres años de guerra civil. El gobierno republicano esperó inútilmente el auxilio de las democracias europeas, que se pronunciaron a favor de la no intervención en el conflicto. La Unión Soviética fue el único Estado que apoyó materialmente al gobierno republicano y un gran número de voluntarios de América y Europa se integró a sus filas.
Las divisiones internas de las fuerzas republicanas, la superioridad en armas y organización de las tropas leales a Franco, apoyadas por Alemania e Italia, fueron las claves para la victoria franquista de marzo de 1939.
Finalizada la Guerra Civil, Franco se convirtió en el jefe del nuevo Estado español. Instauró un régimen autoritario, cercano al fascismo, con un modelo de estado corporativista, de exaltación de la figura del líder y un nacionalismo exacerbado. Franco debió gobernar una sociedad polarizada con una economía prácticamente destruida por la guerra civil.
Desde el comienzo de la Guerra Fría Estados Unidos intentó convertir a España en un aliado seguro y a esto respondió su integración a las Naciones Unidas en 1955, lo que confirmó un viraje en la política exterior aislacionista del régimen, preocupado ahora por mejorar su imagen internacional.
En la década de 1960 Franco abrió las puertas del gobierno a otros grupos y movimientos. En esos años se incorporaron a puestos claves del gobierno numerosas figuras pertenecientes al Opus Dei (católicos conservadores) que modificaron la orientación económica del país.
España abandonó su aislamiento, liberalizó su economía y eliminó muchos de los controles estatales. Las clases medias urbanas gozaron en este período de una sustancial mejora de su nivel de vida, lo que permitió una distensión política importante. Sin embargo, el medio rural continuó sumido en la pobreza y vio cómo una parte significativa de su población partía con destino a las grandes ciudades españolas o de otros países de Europa.
En 1975, la muerte de Franco (autoproclamado regente en 1947) colocó el poder en manos de su sucesor, el heredero de la corona española Juan Carlos I de Borbón, quien rápidamente inició negociaciones con la oposición para restablecer el sistema democrático quebrado en 1939.
Entre 1976 y 1981 Adolfo Suárez, líder de la Unión de Centro Democrático (UCD), ocupó el cargo de primer ministro. En diciembre de 1978 se realizó la consulta popular que convirtió a España en una monarquía parlamentaria, restableció el libre accionar de los partidos políticos y garantizó el derecho de las distintas nacionalidades españolas a la autonomía. Numerosas figuras políticas, intelectuales y artistas pudieron regresar al país, en algunos casos después de 40 años de exilio.
En febrero de 1981 un grupo de oficiales de la Guardia Civil tomó por asalto las Cortes e intentó derribar el gobierno. La firme reacción de todos los grupos políticos democráticos y en especial del rey Juan Carlos (que recibió el respaldo de las fuerzas armadas) hizo fracasar el plan y consolidó el proceso democrático.
Desde las elecciones de octubre de 1982 en que triunfó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con sólida mayoría en las Cortes, Felipe González ocupó el cargo de presidente del gobierno, equivalente a primer ministro, revalidado en las posteriores elecciones de 1988 y 1993.
La mayoría parlamentaria que, pese al desgaste, mantuvo desde entonces el PSOE, le posibilitó realizar un plan de ajuste y crecimiento. Los niveles de consumo mejoraron, pero se mantuvieron índices muy altos de desocupación y tensiones entre el gobierno y la UGT, sindicato que respondía a las orientaciones del PSOE.
España gastó 10 mil millones de dólares en 1992 para celebrar los 500 años de la conquista de América, al mismo tiempo que intensificaba el giro político hacia Europa, a cuya Unión había ingresado en enero de 1986.
Tras un período de intensa acción, ETA, organización separatista del País Vasco que propone la vía armada para alcanzar sus objetivos políticos, sufrió duros reveses en 1993. El trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad francesa y española condujo al arresto de algunos de sus líderes y al descubrimiento en Bayona, Francia, del arsenal principal de la organización.
Tras numerosos escándalos de corrupción, el gobierno socialista perdió en 1995 una parte clave de su respaldo parlamentario. Aunque defendió su actuación personal y la de su gobierno, González adelantó las elecciones un año respecto a lo previsto.
El conservador Partido Popular (PP), con 38,9% de los votos, ganó las elecciones parlamentarias en marzo de 1996. El 5 de abril, el líder del PP, José María Aznar, ocupó el cargo de primer ministro.
En agosto de 1997, un comando de ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, militante del PP y concejal de un pequeño pueblo en el País Vasco. La organización anunció que iba a ejecutarlo en 48 horas si el gobierno español no ordenaba el reagrupamiento de sus presos en cárceles vascas. Cumplido el plazo, Blanco fue asesinado, lo cual desató una reacción de protesta inmediata en todo el país.
ETA declaró un cese el fuego en setiembre de 1998. Todos los sectores nacionalistas vascos, incluyendo al Partido Nacionalista Vasco y ex integrantes de Herri Batasuna, firmaron el Pacto de Estella, una alianza de partidos nacionalistas vascos que, con el lema «los vascos se gobiernan a sí mismos», ganaron, en conjunto, las elecciones locales en 1999. ETA reanudó las acciones armadas en setiembre: hizo detonar varias bombas, mató a tres personas y rompió el pacto.
La reducción del desempleo producida por las medidas económicas del gobierno de Aznar y la calificación de España para adoptar la moneda única europea ayudaron al PP a conquistar la mayoría absoluta en el Parlamento en las elecciones de marzo de 2000.
La Ley de Extranjería, aprobada en agosto de ese año, recibió fuertes críticas desde los partidos políticos y las ONGs, así como manifestaciones populares de rechazo. Si bien la ley buscó regular los derechos y obligaciones de los extranjeros, como el derecho a la libertad de circulación, a la participación pública, de reunión y manifestación, a la educación, al trabajo y a la seguridad social, la libertad de sindicación y huelga, entre otros, sus críticos señalan que limita los derechos de los inmigrantes. Para enero de 2001, entre 30 mil y 100 mil inmigrantes quedaron prácticamente sin protección legal y laboral.
En enero de 2002 España asumió la presidencia rotativa de la UE. Aznar hizo del combate al terrorismo la prioridad en su agenda europea.
El 16 de marzo de 2003, en el marco de una política de alineamiento creciente con Washington, Aznar asistió a una cumbre con el presidente estadounidense George W. Bush y el primer ministro británico Tony Blair en el archipiélago portugués de las Azores. Allí, los tres mandatarios dieron al Consejo de Seguridad de la ONU 24 horas de plazo para aprobar una resolución que exigiese el desarme inmediato de Irak –país al que acusaban de poseer armas de destrucción masiva– como alternativa a una invasión encabezada por Estados Unidos. El Consejo de Seguridad rechazó el ultimátum, y la invasión subsiguiente fue respaldada por el gobierno de Aznar, que primero brindó apoyo logístico y luego aportó 1.300 soldados a las fuerzas de ocupación, pese a que las encuestas mostraban que el 90% de los españoles se oponía a la guerra.
El 11 de marzo de 2004, tres días antes de la celebración de elecciones generales, varias bombas colocadas en trenes de pasajeros estallaron en la estación madrileña de Atocha y sus inmediaciones. Según el balance oficial murieron 190 personas, de las cuales la cuarta parte eran extranjeras. Al día siguiente, más de 11 millones de españoles salieron a las calles para manifestar su rechazo al terrorismo. Pese a que la red Al-Qaeda reivindicó los atentados y los atribuyó al apoyo español a Estados Unidos, el gobierno y los medios de comunicación oficiales insistieron en la hipótesis de una presunta autoría de ETA. En vísperas de los comicios, miles de manifestantes se agolparon ante locales del PP en diversos puntos del país para reclamar toda la información disponible sobre la investigación del caso.
Las elecciones del 14 de marzo, en las que la participación superó todas las expectativas, dieron una inesperada victoria a José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato del PSOE que, sin embargo, no obtuvo la mayoría absoluta. Zapatero prometió reorientar hacia Europa la política exterior española, aplicar una política económica con énfasis en lo social y retirar de Irak las tropas españolas a menos que la ONU asumiese el mando de la ocupación. El retiro de Irak fue una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo presidente del gobierno al asumir el cargo, en abril de 2004.
Un ley de amnistía para cerca de 800 mil inmigrantes indocumentados fue aprobada en febrero de 2005.
También en febrero, un referéndum sobre la constitución europea terminó con la aprobación del texto, con un 77% de votos a favor.
La Audiencia Nacional de Madrid condenó, en abril de 2005, al ex militar argentino Adolfo Scilingo a 640 años de cárcel por delitos de asesinato, detenciones ilegales y torturas cometidos durante la dictadura en Argentina. Las sentencias judiciales en España sumaban los años aplicados a cada uno de los delitos imputados, si bien el Código Penal establecía que sólo se cumpliera un máximo de 40 años de prisión, que en la práctica no supera los 25 años por beneficios de buena conducta y trabajo del encarcelado. Scilingo fue condenado por 30 asesinatos a 21 años de cárcel por cada uno, a cinco años por detenciones ilegales y a otros cinco por torturas.
Zapatero anunció, en mayo de 2005, que mantuvo conversaciones con la ETA para lograr el desarme de la organización y admitió tener diferencias importantes con el gobierno de Estados Unidos sobre la situación en Irak. El mandatario afirmó que «ETA tiene un solo destino: disolverse y abandonar sus armas». Sobre el retiro de tropas de Irak –implementado enseguida de asumir su cargo–, dijo que «hoy nuestros soldados están donde el pueblo español quiere que estén».
Desafiando a la Iglesia Católica, el parlamento español aprobó, en junio de 2005, la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y, además, autoriza la adopción a las parejas homosexuales. Según un informe de 2004 del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, un 68% de la población opinaba que los homosexuales debían tener iguales derechos que los heterosexuales y un 66% aprobó la nueva legislación. La Iglesia dijo que la norma «no responde a la verdad del matrimonio y por lo tanto que no le hace justicia».
En marzo de 2006 ETA declaró el alto definitivo al fuego. En un anuncio grabado, tres integrantes de la organización anunciaron que: «el fin del conflicto aquí y ahora es posible. Esa es la decisión y la voluntad de ETA».
A fines de diciembre de 2006, un atentado en el el aeropuerto de Barajas, Madrid, dejó un saldo de dos ciudadanos ecuatorianos muertos y varios heridos. El atentado, del que ETA se responsabilizó, terminó con el alto definitivo al fuego que en marzo había declarado la organización.
Rodríguez Zapatero anunció, en julio de 2007, que cada familia con residencia legal en España recibiría 2.500 euros por cada nuevo hijo que naciera dentro del país. La medida fue considerada un estímulo para mejorar la natalidad; el número de hijos por mujer en España era de 1,37.