Lo que hoy es Nicaragua fue región de influencia de las dos grandes culturas centroamericanas: los chibchas (ver Colombia) y los mayas. La costa caribeña estaba habitada por los miskitos, originalmente llamados «kiribi», el pueblo más antiguo de Nicaragua. La región fue visitada por Cristóbal Colón en 1502. Tras convertir al cristianismo a los líderes Nicoya y Nicarao y vencer la resistencia de los ejércitos de Diriangen, los conquistadores Gil Gonzales Dávila y Andrés Niño consolidaron la posesión española del territorio. En 1544 ésta se incorporó a la Capitanía General de Guatemala.
En 1821 se independizó junto con toda Centroamérica, integrándose al Imperio Mexicano; se separó en 1824 para formar la Federación de Provincias Unidas del Centro de América.
Nicaragua salió de la Federación en 1839, constituyéndose en Estado independiente. El país estaba dividido en dos grandes grupos de interés: la oligarquía cafetalera y azucarera, y los pequeños artesanos y propietarios, abiertos al libre comercio. Aquéllos serían los conservadores, y éstos los liberales.
La posición geopolítica del país lo convertía en pieza estratégica vital en la expansión estadounidense hacia el oeste. Por eso, en 1856 desembarcaron en Nicaragua 120 estadounidenses al mando de un filibustero, William Walker, quien con apoyo disimulado pero real de Washington logró proclamarse presidente de Nicaragua. Su propósito era extender el territorio destinado al sistema de esclavitud que estaba a punto de ser abolido en la Unión. Walker fue derrotado por los ejércitos aliados de toda América Central en 1857 y murió fusilado en 1860, cuando pretendía iniciar otra invasión en Trujillo, Honduras. En 1875 y 1895 los puertos de Nicaragua fueron ocupados militarmente por Alemania y Gran Bretaña respectivamente, que administraron sus aduanas para cobrarse deudas.
Después de tres décadas de predominio conservador, el Partido Liberal triunfó en 1893 y asumió la presidencia José Santos Zelaya. Los liberales se negaron a aceptar ciertas exigencias de Estados Unidos, que, bajo la presidencia de William M. Taft, iniciaba la «diplomacia del dólar». En 1912, Taft ordenó el desembarco de los marines, quienes luego de matar al jefe liberal Benjamín Zeledón permanecieron en el país hasta 1925. Un año después retornaron para defender al presidente Adolfo Díaz, que estaba a punto de ser derrocado.
La nueva ocupación estadounidense fue heroicamente resistida por Augusto C. Sandino, general de origen campesino que, al frente de un ejército popular de tres mil integrantes, se opuso durante más de seis años a 12 mil infantes de marina, auxiliados por la aviación y las fuerzas de la oligarquía local. En 1933 Sandino cumplió su palabra de deponer las armas cuando el último marine abandonara Nicaragua. Pero la traición ya estaba preparada: los estadounidenses sustituyeron el Ejército por una Guardia Nacional y su comandante, Anastasio Somoza García, aprovechó una reunión conciliadora de Sandino con el presidente Sacasa para asesinar al líder guerrillero y, después, usurpar el poder, que ejerció despóticamente hasta ser ajusticiado por el patriota Rigoberto López Pérez en 1956.
López Pérez mató al tirano pero no a la tiranía. En dos décadas, Anastasio Somoza había logrado el control prácticamente absoluto del poder económico nacional, que se concentró así en un solo grupo que poseía, además, el poder militar y el político. Anastasio Somoza García fue sucedido por su hijo, el ingeniero Luis Somoza Debayle, que a su vez traspasó el gobierno a un hijo, Anastasio, graduado en West Point.
Con una feroz represión, Anastasio Somoza hijo ilegalizó los sindicatos, aplastó los movimientos campesinos y proscribió los partidos políticos de oposición. La resistencia popular nunca fue totalmente acallada. En la década de 1960 se fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que desde la clandestinidad organizó y desarrolló la lucha armada antisomocista durante 17 años. El dirigente opositor Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, fue asesinado por órdenes de Somoza en enero de 1978, lo que desencadenó una huelga nacional y manifestaciones de protesta.
Guiados por el FSLN, en 1978 se insurreccionaron las poblaciones de Monimbó, Masaya, Matagalpa, León, Estelí, Chinandega y barrios proletarios de Managua. El 8 de marzo de 1979 se unieron las tres tendencias internas del FSLN y formaron el Frente Patriótico. En mayo de ese año comenzó la «ofensiva final», que combinó una huelga general, la insurrección popular, la lucha armada y una intensa actividad diplomática en el exterior. El 17 de julio Somoza huyó del país y el 19 entró en Managua la Junta de Reconstrucción Nacional, constituida semanas antes en Costa Rica. La Dinastía Somoza dejó un saldo de 50 mil víctimas.
La revolución triunfante nacionalizó las tierras y propiedades industriales de los Somoza –40% de la economía– y sustituyó a la derrotada Guardia Nacional por el Ejército Popular Sandinista. Realizó una campaña nacional de alfabetización e intentó la reconstrucción de una economía devastada por la guerra de liberación.
En mayo de 1980 fue superada la primera crisis política, provocada por la renuncia de Violeta Barrios de Chamorro y Alfonso Robelo, miembros no sandinistas de la Junta de Gobierno. Al sustituirlos por Rafael Córdoba y Arturo Cruz –dos militantes antisomocistas «moderados»– y poner en funcionamiento un Consejo de Estado pluralista, el FSLN reafirmó su voluntad de gobernar en un marco de participación democrática, no alineamiento internacional y respeto a las libertades individuales.
En 1981, el presidente estadounidense Ronald Reagan anunció su propósito de destruir a los sandinistas. En 1982, entre abril y julio, el viceministro del Interior Edén Pastora (comandante «Cero») desertó, y 2.500 ex-guardias somocistas invadieron el país desde Honduras, con apoyo estadounidense. Se inició una guerra de hostigamiento y sabotaje económico. El gobierno sandinista mantuvo el estado de emergencia, estableció el servicio militar obligatorio e impidió cualquier forma de organización alineada a la política de Washington.
En 1983, Reagan admitió que existían fondos secretos para realizar operaciones encubiertas de la CIA contra Nicaragua y ayudar a los contrarrevolucionarios –«combatientes de la libertad»– que operaban desde territorio hondureño. A pesar de contar con escasa mayoría en el Congreso y la desaprobación de la ciudadanía, el mandatario siguió adelante con sus planes.
Preocupados por la gravedad de la situación y los riesgos de una guerra, que inevitablemente se generalizaría a toda América Central, los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela buscaron una salida negociada. Conocidos como el Grupo de Contadora, los cancilleres de estos países iniciaron gestiones de paz que lograron amplio apoyo diplomático y obstaculizaron una invasión estadounidense que parecía inminente.
Pese al aumento de las acciones de los «contras» con respaldo estadounidense, Nicaragua realizó elecciones en noviembre de 1984, de las que participaron, además del FSLN, los partidos Conservador Demócrata, Liberal Independiente, Popular Social Cristiano, Comunista, Socialista y Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista. De 1.500.000 electores inscriptos votó el 82%. El FSLN obtuvo 67% de los votos. Reagan fue reelecto en noviembre y en abril de 1985 declaró el bloqueo comercial a Nicaragua y el embargo de todos sus bienes.
En enero de 1987 entró en vigencia una nueva Constitución, que estableció un sistema presidencialista, con mandato por seis años, elecciones presidenciales directas y representación legislativa proporcional.
En febrero, los gobernantes centroamericanos abrieron un ámbito propio de negociación, con participación de la ONU y la OEA, en una reunión realizada en Esquipulas, Guatemala. Los Acuerdos de Esquipulas establecieron el cese del apoyo externo a los grupos armados opositores, el diálogo interno en cada uno de los países, con mediación de la Iglesia Católica y la amnistía para quienes depusieran las armas, además de garantías de participación en la vida política.
En Nicaragua se formó una Comisión Nacional de Reconciliación y el dirigente «contra» Fernando Chamorro retornó al país, se acogió a la amnistía y renunció a la lucha armada. La censura de prensa fue suspendida y reapareció el diario opositor La Prensa, de Violeta de Chamorro. El 7 de octubre se inició el cese del fuego unilateral en varias zonas del país, aunque los dirigentes de la «contra» anunciaron que continuarían las hostilidades.
Durante 1988, la presión estadounidense y los efectos del huracán Juana hicieron fracasar los planes de ajuste económico. La reforma monetaria y la reducción del presupuesto del Estado no pudieron impedir la hiperinflación.
En julio de 1988 fue expulsado el embajador estadounidense en Managua, acusado de incentivar actividades antisandinistas; el gobierno de Estados Unidos respondió expulsando al representante nicaragüense en Washington.
Los Acuerdos de Esquipulas II parecieron naufragar durante el período de alternancia entre Reagan y George Bush, pero en febrero de 1989 el presidente Ortega reanudó las negociaciones al reunirse con los cinco presidentes centroamericanos en la localidad salvadoreña de Costa del Sol. Los sandinistas propusieron adelantar las elecciones a febrero de 1990 y aceptar las modificaciones propuestas a la ley electoral de 1988, a cambio de que la «contra» desmantelara sus bases hondureñas durante los tres meses posteriores al acuerdo. Estados Unidos, sin embargo, siguió presionando para mantener a la «contra» y Bush obtuvo que el Congreso aprobara otra «ayuda humanitaria» por 40 millones de dólares.
El FSLN presentó a Daniel Ortega como candidato a la reelección, mientras que la oposición, agrupada en una coalición de 14 partidos llamada Unión Nacional Opositora (UNO), propuso a Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro.
Todos los sondeos de intención de voto otorgaban la victoria a los sandinistas por un amplio margen. El 25 de febrero de 1990, sin embargo, la historia de Nicaragua tomó un giro inesperado: la UNO ganó las elecciones con 55% de los votos frente a 41% de los sandinistas. Violeta de Chamorro era la nueva presidenta. Ortega admitió la derrota y se comprometió a entregar el poder.
Antes de asumir el cargo, el 25 de abril, la presidenta y el FSLN firmaron el «Protocolo de Transición», que comprendía el respeto a la Constitución en vigor, a las instituciones y conquistas sociales de la revolución, así como el desarme de la «contra». Chamorro anunció que atendería personalmente la cartera de Defensa y que mantendría al general sandinista Humberto Ortega como comandante del ejército, lo que ocasionó que el vicepresidente de la fórmula UNO, Virgilio Godoy, y una fracción de la coalición se retiraran del gobierno.
En mayo de 1990 estalló una huelga de los trabajadores estatales por un aumento salarial de 200%. El gobierno la declaró ilegal, dejó sin efecto la ley de servicio civil –garantía de estabilidad del empleo estatal– y la ley de reforma agraria promulgada por el sandinismo. Los trabajadores radicalizaron la huelga, que se extendió a todo el país. Una semana después, el gobierno aceptó parcialmente las peticiones de los trabajadores y la huelga terminó.
Desde mediados de 1990 varios consorcios internacionales ofrecieron al gobierno ejecutar proyectos –que incluían desde la creación de depósitos para desechos tóxicos hasta la explotación de los vastos recursos pesqueros, mineros y forestales de la región– en unas 270 mil hectáreas de bosques húmedos al norte del país.
Al denunciarse las negociaciones secretas entre las autoridades y una empresa taiwanesa para otorgar derechos de explotación forestal en la zona, se divulgó la existencia de importantes yacimientos de oro, plata, cobre, tungsteno y el depósito centroamericano más grande de carbonato de calcio, materia prima para la elaboración de cemento.
La presidenta Chamorro acordó con el FSLN en 1991 el reconocimiento de la reforma agraria y la garantía mínima de 25% de las acciones para los trabajadores de las empresas que se privatizaran.
La inflación cayó del 7.000% en 1990 a 3,8% en 1992, merced a un ajuste promovido por el FMI y el Banco Mundial. Se redujeron las inversiones productivas y los gastos en educación y salud. La desocupación se elevó al 60%.
Las diferencias entre la presidenta y la UNO provocaron una ruptura en 1993, a partir de la cual Chamorro pasó a apoyarse en la bancada sandinista y el Grupo de Centro de la UNO. Al mes, la UNO expulsó a ese grupo y cambió su nombre por Alianza Política Opositora.
La bancada del FSLN formuló, al margen de su dirigencia, un proyecto de ley contra el nepotismo que prohibía la reelección presidencial e impedía la postulación de familiares del presidente. Este punto liquidaba las aspiraciones del yerno de Chamorro, el ministro Antonio Lacayo.
La crisis económica se agudizó con una sequía que acabó con 80 mil hectáreas de cultivos y dejó sin alimento a 200 mil campesinos. La desnutrición infantil afectó a 300 mil niños y algunos quedaron ciegos por falta de vitamina A.
En enero de 1994 la UNO, con menos de la mitad de sus fundadores e incapaz de obtener apoyo para una Asamblea Constituyente, puso fin a un año de boicot a la Asamblea Nacional. Los choques continuaron entre el ejército, bandas de delincuentes y pequeños grupos guerrilleros.
En agosto la Asamblea aprobó un nuevo código militar, dirigido a despolitizar el Ejército Popular Sandinista e incrementar su dependencia de la autoridad civil, aunque de hecho el poder permaneció en manos de un consejo militar. El general Humberto Ortega se retiró.
El debate en torno a la reforma constitucional dominó el panorama político en 1995. En febrero la Asamblea propuso cambiar el nombre al ejército, terminar con el servicio militar obligatorio y otorgar garantías a la propiedad privada, aspectos que fueron apoyados por Chamorro. La presidenta no estuvo de acuerdo, sin embargo, con el cambio del equilibrio de poder entre el ejecutivo y el legislativo en relación al derecho de aumentar los impuestos. La Asamblea publicó unilateralmente las reformas en febrero y comenzó a aplicarlas.
En junio se llegó a un acuerdo político sobre una ley marco para reformas constitucionales, según la cual éstas debían tener una mayoría del 60% en la Asamblea, antes de pasar a la firma de la presidenta, quien suscribió el acuerdo en julio.
La aprobación de la ley de nepotismo se pospuso. El yerno de la presidenta, Lacayo, permaneció en el gobierno, aunque anunció su intención de renunciar para dedicarse a su campaña con vistas a las elecciones presidenciales de noviembre de 1996.
El ex alcalde de Managua, el empresario conservador Arnoldo Alemán, derrotó, con 49% de los votos, al sandinista Daniel Ortega, sin que fuera necesaria, según la ley electoral nicaragüense, la segunda rueda de votación.
Al asumir la presidencia, Alemán prometió crear 500 mil nuevos puestos de trabajo y lanzó un plan para aliviar la deuda del sector agropecuario, estimada en 150 millones de dólares.
En abril de 1997, el gobierno y la oposición sandinista se acusaron mutuamente de armar y entrenar a fuerzas paramilitares. Pese a varios intentos de negociación las relaciones siguieron tensas.
En agosto, el gobierno anunció su negativa a entregar a los herederos de Anastasio Somoza los bienes confiscados en 1979 por los sandinistas, como había solicitado ante la justicia la hija del ex dictador, Lilián Somoza.
Según estimaciones realizadas a comienzos de 1998, Estados Unidos se había convertido nuevamente en el principal socio comercial de Managua. Las exportaciones de Nicaragua a ese país sumaron 375 millones de dólares en 1997, un aumento de 30% respecto a dos años antes.
Tras conseguir el 53,3% de los votos en las elecciones de noviembre de 2001, el liberal Enrique Bolaños asumió la presidencia. Ortega obtuvo el 45%, y aunque denunció que el número de escaños conseguidos en la Asamblea no se correspondía con lo contabilizado por el FSLN, los observadores de la OEA no encontraron irregularidades en los comicios.
Una semana después de la asunción de Bolaños en enero de 2002, el ex mandatario Alemán fue electo presidente de la Asamblea Nacional. Poco después, la Asamblea no aprobó la petición de la justicia de levantar la inmunidad parlamentaria a Alemán, acusado por los delitos de fraude al Estado, peculado y asociación ilícita. Alemán había firmado en 2000 un cuestionado pacto con la cúpula del FSLN para reformar la Constitución, que le permitía, además de repartirse los cargos estatales con los sandinistas, asegurarse inmunidad y una diputación vitalicia.
En 2002 la justicia nicaragüense sobreseyó por prescripción al ex presidente Ortega de las acusaciones de abuso sexual y violación presentadas por su hijastra Zoilamérica Narváez en 1998, cuando Ortega, entonces diputado, gozaba de inmunidad legislativa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la queja de Narváez de omisión de justicia por parte de Nicaragua.
El 7 de diciembre de 2003, el ex presidente Alemán fue condenado a 20 años de prisión –domiciliaria– y a pagar una multa de 17 millones de dólares por varios delitos de corrupción, entre ellos el de desviar 100 millones de dólares de fondos estatales para sus campañas.
El 17 de diciembre, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio que eliminaría progresivamente los aranceles y otras barreras comerciales en los sectores de agricultura, industria alimentaria, inversiones, servicios y propiedad intelectual.
Cumplidas las condiciones exigidas para ingresar al programa de Iniciativa de Alivio a Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE) –como la lucha contra la corrupción y ajustes estructurales que incluían privatizaciones– el Banco Mundial «perdonó» el 80% de los 6.500 millones de dólares de deuda externa nicaragüense en enero de 2004. Quienes criticaban las privatizaciones afirmaban que éstas no habían redundado en una mejora de los servicios (al menos el 50% de la población no accede a los servicios de energía eléctrica y comunicaciones) y que las políticas de corte asistencialista no habían logrado resolver los agudos problemas sociales: el gasto público en salud había descendido, de 50 dólares por habitante en 1983, a 16 dólares en 2000, se había incrementado la desnutrición y la mortalidad infantil y el 50% de la población aún vivía en la pobreza.
En julio, mediante la firma de un acuerdo entre ambos países, Alemania condonó deudas de Nicaragua por valor de 423 millones de dólares. Además, acordó asignar entre los años 2004-2005, alrededor de 28 millones de dólares dirigidos al «Programa de Desarrollo Local» y «Fondo de Estudios y Expertos»; así como diez millones de dólares de cooperación técnica, para los programas «Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Fomento de Capacidades Empresariales» y «Programa de Desarrollo Local y Transparencia Fiscal», del país.
A lo largo de 2005 creció la tensión entre Nicaragua y Costa Rica debido al diferendo que, desde 1998, mantenían sobre los derechos sobre el limítrofe río San Juan. Un tratado del siglo XIX otorgaba a Costa Rica derecho a la navegación comercial por el cauce del río. Managua aseguraba que los laudos no estipulaban la vigilancia de policías costarricenses portando armas.
Tras ganar las elecciones de noviembre del año anteriror, en enero de 2007, Daniel Ortega asumió por segunda vez la presidencia del país. Ortega anunció un combate frontal al hambre, la pobreza y la corrupción; además manifestó que pretendía mantener relaciones amistosas con Estados Unidos. El entonces presidente cubano Fidel Castro no concurrió a la toma de posesión. Sí lo hizo el venezolano, Hugo Chávez.