En el istmo panameño se desarrolló la civilización chibcha (ver Colombia), una de las grandes culturas americanas. En el marco de una sociedad rígidamente estratificada, tuvieron una arquitectura muy elaborada, desarrollaron la orfebrería y conocimientos científicos en diversas disciplinas.
En 1508 la corona española decidió emprender la conquista de la llamada Tierra Firme, desde América Central a Venezuela. A Diego de Nicuesa se le encomendó colonizar la llamada Castilla del Oro, las actuales Panamá y Costa Rica. La empresa fracasó. Vasco Núñez de Balboa, enviado en 1513 a buscar un supuesto Mar del Sur, avistó el 25 de setiembre el océano al que llamó Pacífico.
La cercanía en esta región de los océanos Atlántico y Pacífico signó el destino del istmo como zona de gran importancia geopolítica. Panamá se convirtió en centro comercial de importancia para el sistema monopólico español. Los barcos que partían de España arribaban a Portobelo en el Mar Caribe, y la carga cruzaba el istmo a lomo de mula hasta Panamá. De ahí las mercaderías se distribuían a toda la América española del Pacífico, desde San Francisco hasta Santiago. La concentración de riquezas atrajo a piratas y corsarios ingleses: Francis Drake asoló Portobelo en 1596 y Henry Morgan incendió Panamá en 1671.
Panamá dependía del virreinato del Perú, hasta que en 1717 las reformas de los Borbones lo integraron al nuevo virreinato de Nueva Granada. Formó parte de la Gran Colombia hasta su independencia de España, en 1821.
Por su condición de centro de las rutas comerciales y de comunicación que vinculaban a toda la América hispana, Panamá fue elegida por Simón Bolívar como sede del Congreso Anfictiónico, que debía sellar la unidad del continente tras la independencia. La reunión se realizó en 1826, pero sin el alcance con que soñaba el Libertador. La decadencia económica de fines del siglo XVIII y el cambio de las rutas comerciales explica por qué Panamá no prolongó con eficacia su función geopolítica después de romper con España, y por qué no formó una nación independiente al desmembrarse la Gran Colombia, en 1830.
En 1831, al estallar la Guerra Civil Neogranadina, Panamá se separó durante algo más de un año de Nueva Granada, con la intención de formar una Confederación Colombiana, manteniendo su autonomía. En 1855 se creó el Estado de Panamá, federado a Nueva Granada (actual Colombia).
La primera referencia expresa a derechos de intervención militar de Estados Unidos en Panamá aparece en el Tratado Mallarino-Bidlak, de 1846, firmado entre Washington y Bogotá. El documento otorgaba a Estados Unidos autorización para construir un ferrocarril transistmeño, que le permitiría, por un lado, obtener una vía más rápida para unir su costa este con la oeste y, por otro, contrarrestar la presencia británica en la zona, especialmente en Nicaragua.
El 1° de enero de 1880 se iniciaron las obras del canal a cargo de la Compañía Universal del Canal de Panamá, francesa, dirigida por Ferdinand de Lesseps. En 1891 un escándalo por maniobras dolosas determinó su quiebra, cuando ya había terminado 33 kilómetros de obras. Para completarlas se constituyó, tres años más tarde, la Compañía Nueva del Canal de Panamá.
En 1902, los Estados Unidos compraron los derechos de la compañía francesa. En enero de 1903 firmaron con un representante colombiano el Tratado Hay-Herrán acerca de la construcción y administración del canal. Obtuvieron así en arriendo perpetuo una franja de 9,5 km de ancho a través del istmo y a partir de ese momento continuaron las obras del canal.
El Senado colombiano rechazó el tratado, en forma unánime, por considerarlo lesivo del decoro y la soberanía. Una «revolución» declaró entonces independiente a Panamá (noviembre de 1903), y Estados Unidos, que impidió con sus marines la represión de la revuelta, reconoció al nuevo estado a los tres días. Fueron los tiempos de presidente Theodore Roosevelt y su política del big stick (el garrote).
Un nuevo tratado –Hay-Buneau Varilla– otorgó autoridad plena y perpetua a Estados Unidos sobre una franja de 16 km de ancho y las aguas adyacentes a los extremos. Philippe Buneau Varilla, ex accionista de la empresa canalera, ciudadano francés que firmó como representante oficial de Panamá, cobró sus honorarios en Washington y no volvió a Panamá. El canal, de 82 km de largo, se inauguró oficialmente el 15 de agosto de 1914, y fue administrado y gobernado por EEUU.
La «Zona del Canal» reportó a Estados Unidos ganancias incalculables, más que por el peaje, por el ahorro en tiempo y distancia para el tráfico marítimo entre sus costas este y oeste. Las bases militares estadounidenses en Panamá fueron herramientas estratégicas de control sobre América Latina en el marco de la Guerra Fría. A la vez sirvieron de centro de instrucción y adoctrinamiento sobre la Doctrina de la Seguridad Nacional, sistema político-militar que derrocó gobiernos legales e implantó dictaduras militares. El centro financiero creado en el istmo se convirtió en una plataforma para la expansión de compañías trasnacionales y el lavado de narcodólares.
En enero de 1964, veintiún estudiantes se transformaron en mártires nacionales cuando murieron intentando izar el pabellón de su país en la Zona del Canal. La aspiración panameña a la soberanía total sobre el canal fue asumida por el gobierno del general Omar Torrijos, surgido en 1969 al disolverse el triunvirato militar que en 1968 derrocó al presidente Arnulfo Arias. La batalla diplomática fue llevada a todos los foros internacionales y ganó el apoyo de los países latinoamericanos, el Movimiento de los Países No Alineados y Naciones Unidas.
La lucha por la soberanía cohesionó a los panameños y consolidó un sentimiento nacional desvirtuado por décadas de penetración cultural, control económico e intervencionismo militar de EE.UU. Paralelamente, el gobierno de Torrijos inició un proceso transformador en busca de un orden social más equitativo. Destacan en este plano la reforma agraria, la de la educación, la explotación del cobre con criterio nacionalista y la «guerra del banano» por precios justos contra las trasnacionales de la fruta, como la United Fruit Company (UFCO), imperio dentro del imperio, que luego cambió su nombre a «United Brands».
Estados Unidos debió aceptar negociar un nuevo tratado canalero, pues la cuestión del canal, entre otras, le impedía mejorar su imagen en América Latina. El Tratado Torrijos-Carter de 1977 anuló el anterior. Previó que el canal fuera totalmente panameño en el año 2000. El Senado norteamericano –incumpliendo lo pactado– introdujo enmiendas que otorgaban a Estados Unidos el derecho a intervenir «en defensa del Canal» más allá del año 2000.
El 31 de julio de 1981, Torrijos falleció en un sospechoso accidente aéreo. Versiones no confirmadas aseguraron que los instrumentos de la nave fueron interferidos desde tierra. El presidente Arístides Royo, sucesor de Torrijos desde 1978, perdió el apoyo de la Guardia Nacional y fue obligado a renunciar por el nuevo Comandante, Rubén Paredes, quien inició el realineamiento proestadounidense del país. Pero el papel desempeñado por Estados Unidos en la Guerra de las Malvinas y el lanzamiento del Grupo de Contadora –fundado para tratar de mediar en los conflictos de la región, del cual Panamá fue primer anfitrión– tensaron nuevamente las relaciones entre ambas naciones.
En 1983, Paredes fue sustituido como comandante de la Guardia Nacional por el general Manuel Noriega. Las elecciones presidenciales y legislativas de 1984 fueron ganadas por estrecho margen por Nicolás Barletta, candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD) –fundado por Torrijos– y apoyado por las fuerzas armadas. La oposición, dirigida por el veterano Arnulfo Arias, denunció fraude.
Barletta halló una creciente oposición a su política económica y renunció a fines de 1985. Lo sucedió Eric del Valle, pero el hombre fuerte siguió siendo el general Noriega, quien pasó, por su falta de colaboración en los planes para invadir Nicaragua, de protegido del gobierno de Estados Unidos a objetivo a derribar. Comenzó así una suerte de «ajuste de cuentas» en que Noriega fue acusado de vínculos con el tráfico de drogas y otros delitos. La oposición se unificó en una Cruzada Civilista Nacional, integrada por partidos de derecha y centro con amplio apoyo empresarial.
Washington suspendió su ayuda económica y militar en 1987. Un año más tarde, congeló los fondos panameños en Estados Unidos e impuso sanciones económicas, incluido el cese de pagos por las operaciones del Canal. En marzo todos los bancos cerraron por varias semanas, provocando una crisis financiera. La presencia militar estadounidense aumentó. Del Valle destituyó a Noriega, pero la Asamblea Nacional respaldó al comandante y removió al presidente. Lo sustituyó el ministro de Educación, Manuel Solís Palma.
Se convocó a elecciones para el 5 de mayo de 1989. En medio de injerencias de Washington –que desacreditó el proceso electoral y su resultado ya con anticipación– los resultados del escrutinio se mantuvieron ocultos durante varios días y, como favorecían al candidato opositor Guillermo Endara, de la Alianza Democrática de Oposición Civilista (ADOC), los comicios finalmente fueron anulados.
Solís afirmó que el propósito de Estados Unidos, con independencia de los resultados, era colocar un gobierno títere y mantener el control de la Zona del Canal, incumpliendo el Tratado Torrijos-Carter.
En octubre de 1989, fracasó una insurrección antinorieguista de un grupo de oficiales jóvenes. La escalada de sanciones económicas desembocó, el 20 de diciembre de 1989, en una invasión militar de Estados Unidos, sin advertencias ni declaración de guerra previa. Endara fue investido como presidente en la base estadounidense de Fort Clayton al inicio de la invasión.
Con la movilización de 26 mil efectivos, esta agresión constituyó la mayor operación militar estadounidense, hasta entonces, desde la Guerra de Vietnam (1962-1975). La resistencia panameña, superior a la esperada, prolongó la actividad militar de los invasores. Los bombardeos indiscriminados dañaron barrios populosos de la ciudad y provocaron numerosas muertes civiles –560 según cifras oficiales; entre 4 mil y 10 mil, según la oposición–, más de 2 mil millones de dólares de pérdidas y la detención temporal de unos 5 mil panameños. Noriega, primero asilado en la Nunciatura Apostólica, fue finalmente extraditado y trasladado a Estados Unidos.
El gobierno de Guillermo Endara sustituyó la Fuerza Nacional de Defensa por una organización policíaca menor, denominada Fuerza Pública. Con el fin de desarmar a la población se pagó 150 dólares por cada arma entregada. La ayuda económica estadounidense que el gobierno esperaba no llegó y el propio Endara inició una huelga de hambre para obtenerla. El gobierno aceptó la presencia de «supervisores» estadounidenses en los ministerios, así como la acción de tropas del Comando Sur fuera de la zona del canal, supuestamente para el combate al narcotráfico y la guerrilla colombiana en la frontera.
El escaso interés de Washington en la región, luego de la derrota de los sandinistas en Nicaragua, mantuvo la crisis económica existente en Panamá en el momento de la invasión.
En una votación con seis abstenciones y el voto de Estados Unidos en contra, la OEA deploró la invasión y exigió el retiro de las tropas. El Reino Unido apoyó la invasión y Francia vetó la condena del Consejo de Seguridad de la ONU; el único gobierno latinoamericano dispuesto a defender la agresión fue el salvadoreño.
En marzo de 1991, por primera vez un panameño asumió la administración del canal.
En abril, Endara anunció la ruptura de la alianza que existía con el PDC y destituyó a los cinco ministros de ese partido. La precaria estabilidad del gobierno se vio sacudida por cinco intentos de golpe en los primeros dos años de gestión.
Durante el juicio a Manuel Antonio Noriega, que comenzó a fines de 1991 en Miami, se conocieron estrechos vínculos del ex hombre fuerte con la DEA (Drug Enforcement Agency) y la CIA de Estados Unidos. Se supo que un estudio jurídico del que formaba parte el presidente Endara tenía relaciones con 14 empresas que lavaban dinero procedente del tráfico de drogas. A la vez, la DEA informó que los negocios del narcotráfico habían aumentado después de la invasión. En junio de 1992, Noriega fue condenado a cuarenta años de prisión.
El gobierno sufrió un serio revés cuando, en un referendum sobre la reforma constitucional, el 15 de noviembre de 1992, ganó el «no» (63,5% contra 31,5%). El pueblo rechazó, entre otras cosas, la abolición formal de las Fuerzas de Defensa (la Fuerza Pública).
En agosto de 1993 se descubrió que, a través del consulado panameño en Barcelona, se habían comprado armas para las fuerzas serbias de Bosnia. El incidente provocó la dimisión del canciller Julio Linares, involucrado en el caso.
El economista Ernesto Pérez Balladares, ex ministro y declarado admirador de Omar Torrijos, fue electo presidente en 1994 con un 34% de los votos. Fueron los primeros comicios generales celebrados tras la invasión de Estados Unidos.
Los indígenas kuna y embera, apoyados por grupos ambientalistas y la Iglesia Católica, rechazaron en junio de 1994 la construcción de una carretera en sus territorios autónomos. La autopista atravesaría la región selvática llamada «Tapón de Darien», de 550 mil hectáreas, declarada patrimonio universal de la humanidad por la UNESCO. La carretera, de 108 km, uniría Panamá con Colombia. Desde hace años esta selva sufre el talado clandestino de sus robles, cedros y caobas. Asimismo es zona de cultivo de coca y escenario de operaciones de contrabando de armas.
Un plan para asesinar a Pérez Balladares y varios miembros de su gabinete fue descubierto en enero de 1995. Diez miembros de la Policía Nacional fueron arrestados por conspiración, pero la investigación se cerró por falta de pruebas.
El rol del país en el tráfico de armas y drogas y lavado de dinero permaneció vigente. La explosión de un paquete durante una inspección por drogas mató a tres funcionarios e hirió a 25. Los explosivos, granadas y municiones eran enviados a Ecuador, supuestamente para grupos guerrilleros. En la capital se descubrieron dos depósitos de armas propiedad de un colombiano.
La reforma del código laboral, dirigida a atraer inversiones extranjeras, ocasionó un clima de agitación social y huelgas cuando se supo que reduciría la seguridad laboral y las libertades de sindicalización y negociación colectiva. Los enfrentamientos de trabajadores y estudiantes con la policía dejaron cuatro muertos y 86 heridos en agosto. No obstante, la ley se aprobó.
El anuncio de la permanencia de tropas estadounidenses en Panamá fue realizado después de que trascendiera que Balladares había recibido dinero del cártel de Cali para financiar la campaña electoral de 1994. El presidente admitió el hecho pero negó haber estado al tanto de su origen. A este escándalo siguió el cierre forzado del Banco Agro Industrial y Comercial por sus excesivas deudas y su operativa de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico.
En setiembre de 1997, luego de 80 años de permanencia en territorio panameño, la sede del Comando Sur retornó a Estados Unidos. El gobierno aseguró que el traspaso a Panamá de la administración del canal no alteraría su funcionamiento.
Luego de que Balladares resultara derrotado en un plebiscito en que proponía modificar la Constitución a fin de ser reelecto, los principales candidatos para las elecciones de mayo de 1999 fueron Mireya Moscoso, la viuda de Arnulfo Arias, y Martín Torrijos, el hijo del general Omar Torrijos. La victoria correspondió a Moscoso, que prometía evitar la corrupción y la politiquería en la administración del canal y dar participación tanto a los trabajadores como a las navieras.
El 14 de diciembre se celebró la ceremonia por la cual el canal pasaba a ser controlado por Panamá, con la presencia de Moscoso y el ex presidente estadounidense James Carter (quien en 1977 firmara con Omar Torrijos el tratado mediante el cual Panamá obtendría el control de la vía acuática el último día del siglo XX). Carter señaló que se trataba de «una de las ocasiones históricas más importantes ocurridas en el hemisferio» y que Panamá tenía la oportunidad de «convertirse en el Singapur de la región», si desarrollaba vigorosamente el comercio.
Protestas convocadas en mayo de 2001 por sindicatos y agrupaciones estudiantiles en repudio al aumento de un 66% en el transporte público tuvieron un saldo de más de 100 heridos y decenas de detenidos tras los enfrentamientos con la policía. El gobierno aumentó también las tarifas de servicios esenciales como la electricidad, la gasolina y los teléfonos. Finalmente, tras negociaciones y la mediación de la iglesia, se suspendió la medida.
Luego del cese del proceso de paz en la guerrilla colombiana, Panamá decidió reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en sus fronteras con Colombia por temor a la expansión del conflicto a su territorio. Panamá alberga a cientos de refugiados colombianos que escaparon a la guerrilla.
En abril de 2002, la Comisión de la Verdad de Panamá, creada por la presidenta para investigar el destino de los desaparecidos durante el gobierno militar de 1968-1989, entregó un informe que esclarecía 110 de los 189 casos sin resolver. La Comisión realizó 35 excavaciones en antiguos cuarteles y aeropuertos y halló 48 cadáveres. Parte de la documentación, donde se responsabiliza a las Fuerzas de Defensa que operaban en la época por los crímenes cometidos, fue aportada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
El director de la Caja de Seguro Social, Juan Jované, fue destituido por oponerse a los planes de privatización del gobierno (siguiendo las políticas de ajuste dictadas por el FMI y el Banco Mundial para contrarrestar la grave crisis que enfrentaba el sistema de seguridad social). El 23 de setiembre de 2003 los trabajadores respondieron con una huelga general que paralizó al país. Más de 40 personas resultaron heridas en enfrentamientos con la policía.
Mientras tenía bases militares en Panamá, Estados Unidos participó en dos guerras mundiales y varias propias –Corea, Vietnam, Golfo Pérsico–. Esas bases, por motivos ajenos a la «protección y defensa del Canal» –pretexto para crearlas– se usaron para entrenar tropas y realizar prácticas de bombardeo. El resultado de 96 años de acumular proyectiles y explosivos no detonados es una peligrosa contaminación ambiental de origen militar. Así, pese a que el retiro de las bases extranjeras le devolvió al país su integridad territorial, no puede expandir las actividades portuarias e industriales.
Martín Torrijos, del PRD, ganó las elecciones presidenciales de mayo de 2004. Votaron 80% de los aptos para sufragar. Torrijos derrotó a Endara, quién se declaró «feliz porque la democracia (panameña) emergió intocada» de las elecciones.
Una huelga general, declarada el 26 de mayo de 2005 por sindicatos opuestos a un proyecto de reforma de la seguridad social, forzó al presidente Torrijos a comprometerse a reducir la edad mínima de jubilación prevista en el proyecto, así como los aportes de trabajadores y patronales. Tras un mes de huelga, en junio, Torrijos aceptó suspender la vigencia de las reformas para que fuesen nuevamente analizadas por el Congreso, de modo de propiciar la «normalización» del país.
En agosto, Panamá reanudó sus relaciones diplomáticas con Cuba, suspendidas por La Habana desde el año anterior debido a la decisión de la presidenta Moscoso de amnistiar a cuatro prisioneros acusados de intentar asesinar al presidente cubano Fidel Castro.
En abril de 2006, la Autoridad del Canal de Panamá presentó un proyecto largamente esperado para el ensanche de la vía interoceánica, a un costo de 5.250 millones de dólares, incluidos 2.300 millones en crédito externo. Para llevarse a cabo, el proyecto debía ser ratificado por la ciudadanía mediante un referéndum previsto para fines de 2006.
En octubre se aprobó la ampliación del canal, a un costo de 5.250 millones de dólares. La propuesta recibió el apoyo del 78% de los votantes.
Panamá y Francia se disputaban, en agosto de 2007, el destino del ex-presidente Noriega. Ambos países pretendían su extradición desde Estados Unidos, una vez que cumpliera su condena por tráfico de drogas. Panamá pretendía juzgarlo por varios homicidios mientras Francia lo acusaba de lavado de dinero.