Desde antes del siglo XV, entre el río Paraguay y el Paraná, moraban los indios guaraníes. Estos indios de lengua tupí –la más extendida en América del Sur, a la llegada de los españoles– reservaban las tareas de cultivo de mandioca, maíz y batata a las mujeres, mientras que los hombres asumían la pesca, la caza y la defensa de los poblados.
Ataques persistentes, en su mayoría por parte de tribus tupí payaguá que abandonaban la inhóspita región del Gran Chaco (franja selvática comprendida entre Argentina, Paraguay y Bolivia), llevaron a los guaraníes a librar, hacia fines del siglo XV, una violenta repulsa que alcanzó los márgenes del Imperio Inca.
La acogida pacífica que los guaraníes reservaron a los expedicionarios españoles llegados por Brasil y por el Río de la Plata al siglo siguiente se atribuyó, en buena medida, a la necesidad de impedir nuevas incursiones de los payaguás.
Aunque la región carecía de metales preciosos, los españoles encontraron allí condiciones propicias –ausencia de hostilidad local y situación geográfica estratégica– para levantar el principal foco de colonización del sur de Sudamérica: en 1537, Juan de Salazar fundó el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, génesis de la capital del país.
Colonos españoles e indios guaraníes convivieron pacíficamente en torno a una economía de subsistencia que fue potenciada con la tecnificación y la disciplina que introdujeron los sacerdotes de la Compañía de Jesús, a principios del siglo XVII. Las 32 «reducciones», que llegaron a integrar 100 mil guaraníes, fueron centros de evangelización, producción agrícola y manufacturera y comercio que, en pocas décadas, conformaron una entidad administrativa autónoma.
Las condiciones de los guaraníes para el combate permitieron defender las «reducciones» de ataques tanto de esclavistas portugueses como de los ejércitos de Asunción. Entre 1721 y 1735, ambas potencias se repartieron las «reducciones». Finalmente, en 1767, se procedió a la expulsión de los jesuitas de América del Sur y a la venta de los integrantes guaraníes de las reducciones.
El advenimiento de la ciudad portuaria de Buenos Aires como epicentro mercantil entre Europa (cuya expansión industrial requería del cuero y luego de la lana de la región rioplatense) y el cono sur de América culminó en su consagración, en 1776, como sede del Virreinato del Río de la Plata. Al independizarse Buenos Aires de España, en 1810, los paraguayos se resistieron a la tutela de la capital, al tiempo que aprovecharon el debilitamiento de las autoridades españolas locales. El 14 de mayo de 1811, bajo el liderazgo de los capitanes Caballero y Yegros, Paraguay proclamó su independencia.
Yegros conformó una junta gubernamental con el abogado Gaspar Rodríguez de Francia, quien marcó los lineamientos de una política aislacionista, tanto hacia Buenos Aires como hacia Brasil, a fin de preservar la soberanía territorial y proteger su economía de la afluencia masiva de productos ingleses y franceses que se operaba entonces en todo el continente. En 1813 se proclamó la República y en 1816 el tercer congreso nombró a Francia dictador vitalicio.
Francia («El Supremo») secularizó las instituciones, confiscó los bienes de la Iglesia y estatizó la mayor parte del territorio paraguayo. Asimismo, impulsó la producción, en el marco de una estricta autarquía. A su muerte, en 1840, los paraguayos contaban con una economía sana y un reparto equitativo de las riquezas.
Carlos Antonio López se erigió en líder popular, y tras su participación en un consulado cívico militar, entre 1841 y 1844, el Congreso votó su nombramiento como presidente de la República, al tiempo que aprobó una Constitución presidencialista.
Tras la muerte de Francia y del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas (hostil a Inglaterra y a Francia), en 1852 los imperios económicos y militares en puja por el control de la región (Gran Bretaña, EE.UU., Francia y Brasil) desplegaron nuevas estrategias de intervención en Paraguay.
Carlos Antonio López, acosado por la creciente envergadura de los ataques de Brasil, se empeñó en desarrollar la industria bélica y las comunicaciones de su país, para lo que contó con apoyo estadounidense. En 1858, la marina de EE.UU. envió una flota y representantes de ese gobierno tomaron parte en varias negociaciones. Al momento de la muerte de López, en 1862, Paraguay poseía el arsenal y la infraestructura (red de ferrocarriles, telégrafo, hospitales, etc.) más importantes del cono sur.
Tanto el imperio de Brasil como el gobierno de Buenos Aires veían en Paraguay no sólo la posibilidad de extender sus fronteras, sino un fuerte aliado de las regiones rebeldes a la hegemonía de ambos.
En 1864, en represalia a una invasión brasileña en Uruguay, Francisco Solano López quien sucedió en la presidencia a su padre, Carlos Antonio López, atacó Brasil. En mayo de 1865, se inició una guerra de exterminio contra Paraguay, con la firma del tratado de Triple Alianza por parte de Argentina, Brasil y de las autoridades uruguayas colaboracionistas con el país ocupante, lideradas por Venancio Flores.
La Guerra de la Triple Alianza, que culminó en 1870, significó para Paraguay la pérdida de dos tercios de su población y la aniquilación de su aparato estatal. A partir del fin de ese conflicto (el más sangriento de la historia de América del Sur, con más de 400 mil muertos), al que le siguieron seis años de ocupación brasileña, Paraguay contrajo deudas astronómicas con bancos británicos y permitió la extracción indiscriminada de quebracho y caucho por parte de compañías extranjeras.
En 1887, en el contexto de un Estado derrotado (Argentina y Brasil exigían indemnizaciones de guerra a Paraguay, tras apropiarse de partes de su territorio), se fundaron los principales partidos paraguayos: el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Las bases de este último fueron creadas por Faustino Sarmiento, presidente de Argentina durante la Guerra de la Triple Alianza, quien se instalara en Paraguay desde 1874 hasta su muerte en 1888. Sarmiento formó la nueva clase política paraguaya y, aplicando sus convicciones expuestas en el libro Civilización y barbarie, impulsó la prohibición de la lengua y las costumbres guaraníes.
El Partido Colorado gobernó desde 1887 hasta 1904, cuando el PLRA usurpó el poder, para mantenerse en el gobierno las tres décadas siguientes. A partir de la Guerra de la Triple Alianza, la dependencia externa y la corrupción quedaron de manifiesto como problemas endémicos del Estado paraguayo con el estallido de una guerra limítrofe con Bolivia (Guerra del Chaco, 1932-35).
La Guerra del Chaco, que cobró la vida de 50 mil paraguayos, fue instigada por compañías petroleras trasnacionales rivales (Standard Oil y Shell), en disputa por territorios del Gran Chaco, donde se estimaba que existían yacimientos de petróleo. Asimismo, su desenlace, en el que Paraguay ganó dos tercios de la zona chaqueña de origen boliviano, se operó con intervención diplomática de EE.UU. y Gran Bretaña.
Entre 1936 y 1954, se alternaron dos golpes de Estado (en 1936 y 1940, encabezados por los generales Estigarribia y Morínigo, respectivamente), una guerra civil (en 1947, a raíz de rebeliones del PLRA) y siete presidencias por voto popular, que carecieron de coherencia política. Asimismo, a partir de 1948 se configuró una alianza entre mayorías del ejército y del Partido Colorado, que llevó al Gral. Alfredo Stroessner (entonces comandante en jefe de las FF.AA.) a ocupar la presidencia, en 1954, a través de un nuevo golpe de Estado.
Stroessner (nacido en 1912) contó con el apoyo directo del gobierno de EE.UU., en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, hasta fines de la década de 1970. Durante su gobierno, que se extendió hasta 1989, se suprimieron todas las libertades y se aplicó el terrorismo de Estado (asesinatos, desapariciones forzosas, prisión sin juicio, tortura, etc.), tal como revelaron los llamados Archivos del Terror, encontrados por la justicia paraguaya en 1992.
Estos archivos proporcionaron pruebas de miles de violaciones a los Derechos Humanos perpetradas en el transcurso de todo el gobierno de Stroessner, tanto de forma aislada, como dentro de planes represivos internacionales, como la Operación Cóndor (en el curso de la década de 1970), en la que éste actuó en colaboración con los gobiernos militares de EE.UU., Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.
Stroessner, artífice de una oposición títere, resultó reelecto en siete oportunidades. Durante su gobierno, Paraguay albergó criminales de la Segunda Guerra Mundial, así como al dictador nicaragüense Anastasio Somoza, tras la revolución sandinista. Asimismo, se propició la creación de una red de tráfico de cocaína (que alcanzó 60 toneladas a fines de la década de 1990) desde Perú y Bolivia, hacia Brasil, Argentina y EE.UU.
A principios de la década de 1980, Stroessner dispuso la instalación de una zona libre de impuestos en la frontera con Brasil, cuyo centro principal se fundó en Ciudad del Este (entonces Puerto Stroessner). Tanto en esta ciudad (en cuyas casas de cambio se han blanqueado unos 100 millones de dólares por año, según investigaciones de medios periodísticos de Brasil) como en sus alrededores no se dispusieron las fuerzas de seguridad necesarias para atender cientos de denuncias anuales (231 muertes o desapariciones, en 1995) contra acciones de grupos organizados en torno a la trata de blancas y el tráfico de menores, de droga, de armas, de vehículos robados, etc.
La construcción, cerca de Cuidad del Este, de la represa hidráulica más importante del mundo –Itaipú– que inaugurara Stroessner en 1984, suscitó denuncias por apropiación ilegal de tierras a raíz de investigaciones de periodistas (mayoritariamente brasileños) cuya labor fue sistemáticamente obstaculizada a través de amenazas de muerte y asesinatos.
La mayoría de las empresas y de los colonos extranjeros (cerca de 400 mil brasileños, en 2003) se instalaron en torno a Ciudad del Este, dentro de una franja territorial que alcanzó 1.200 km de largo y 65 km de ancho, donde la lengua portuguesa y la moneda brasileña adquirieron uso corriente. A fines de 2001, el gobierno de EE.UU. catalogó esta región como «zona de actividad terrorista», donde presuntamente operaban los grupos Hamas y Hezbollah.
El plan de democratización de América Latina emprendido por EE.UU. bajo la presidencia de Jimmy Carter (1978-81), contribuyó a la emergencia de grupos reivindicativos –respaldados por la Iglesia Católica paraguaya– como el Movimiento Intersindical de Trabajadores, la Asamblea Permanente de los Campesinos sin Tierras, la Coordinadora de Mujeres Campesinas y diversas organizaciones indígenas.
El 3 de febrero de 1989, Stroessner fue derrocado por tropas dirigidas por su consuegro, el general Andrés Rodríguez, entonces comandante del Ejército, quien convocó a elecciones con la participación de todos los partidos (excepto el Partido Comunista), para el 1° de mayo de ese año.
En los comicios de mayo, el general Rodríguez, quien había sido frecuentemente vinculado –incluso por la estadounidense DEA– con el narcotráfico, resultó electo con 68% de los votos, mientras que el PLRA obtuvo 21%. Pese a la presencia de observadores extranjeros durante las elecciones, se probaron numerosas irregularidades de las que se responsabilizó al Partido Colorado.
En las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente de diciembre de 1991, el Partido Colorado obtuvo 60% de los votos y el PLRA, 29%. La Carta Magna aprobada en junio de 1992, que reemplazaba la elaborada en 1967 por Stroessner, incluía disposiciones para la protección de los Derechos Humanos y prohibía la pena de muerte para los delitos comunes. Los presidentes de la República, de la Corte Suprema y del Congreso no asistieron al acto de su promulgación.
En diciembre de 1992, Paraguay firmó junto a Argentina, Brasil y Uruguay un acuerdo para la formación de un mercado común (Mercosur) que entró en vigencia en 1995. Pese a ello, los indicadores de la economía paraguaya, una de las más pobres de América, denunciaron un empeoramiento progresivo de la situación del país.
En las elecciones de mayo de 1993, el candidato civil oficialista Juan Carlos Wasmosy resultó electo con 40% de los votos. Un año más tarde, el Parlamento aprobó una ley para prohibir a los militares la actividad político partidaria. De inmediato, el gobierno y la comandancia iniciaron acciones para declarar esa ley inconstitucional.
En 1994, el general Ramón Rozas Rodríguez, nombrado jefe de la lucha antidrogas el año anterior, fue asesinado cuando se aprestaba a presentar un informe sobre ilícitos que implicaba, entre otros, al general Lino Oviedo. En abril de 1996, el presidente pasó a retiro a ocho militares de alto rango. El general Oviedo desacató esa orden y se acuarteló junto a otros oficiales, al tiempo que Wasmosy se refugió en la embajada de EE.UU.
En las elecciones internas del Partido Colorado, en setiembre de 1997, Oviedo fue elegido candidato presidencial con 36,8% de los votos, contra 35% de Luís María Argaña y 22,5% del candidato de Wasmosy, Carlos Facetti. En octubre de ese año, Oviedo fue arrestado por cargos de sedición y en abril de 1998 fue condenado a 10 años de prisión.
Las elecciones de mayo de 1998, con Oviedo en prisión, dieron 46,8% de los votos para la fórmula del Partido Colorado, Raúl Cubas-Luís María Argaña, contra 38,2% para la Alianza Democrática (PLRA y otros). Una de las primeras medidas del nuevo presidente fue la liberación de Oviedo. En diciembre, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional esta disposición.
A principios de marzo de 1999, el Parlamento se aprestaba a votar el juicio político al presidente Cubas; el 23 del mismo mes, el vicepresidente Argaña fue asesinado por desconocidos en un confuso episodio. Tras varios días de disturbios en las calles de Asunción, Cubas renunció y se refugió en Brasil, mientras Oviedo consiguió un salvoconducto para huir a Argentina.
El 28 de marzo de 1999, el presidente del Congreso, el colorado Luís González Macchi, asumió la presidencia y obtuvo la habilitación de la Suprema Corte para mantenerse en el cargo por el total del período correspondiente a su predecesor, que debía culminar en 2003.
A fines de la década de 1990, la virtual extinción de los indios ayoreo, que ocupaban originariamente 2.800 hectáreas del Gran Chaco, fue denunciada por la organización World Rain Forest Movement. A partir de la década de 1970, empresarios de la comunidad menonita de Paraguay (unas 25 mil personas), así como las compañías Falabella y Veragilma –interesadas en la explotación de madera de palosanto– devastaron y usurparon las tierras de los ayoreo.
En mayo de 2000, el gobierno sofocó un golpe de Estado tramado por Oviedo, quien fue arrestado en la frontera de Brasil por la policía de ese país, la que dispuso su arresto domiciliario en Brasilia. Oviedo, inculpado por el asesinato de Argaña, además de la tentativa golpista de 1996, fue instalado en una vivienda cercana a la de Stroessner (donde éste residía desde 1989). Pese a los numerosos cargos en su contra, el ex dictador cobró, hasta su muerte en 2006, una jubilación de ministro del Estado paraguayo.
En su informe de 2001, Amnistía Internacional denunció la aplicación de torturas a reclusos, menores inclusive. Asimismo, en 2002, la organización Human Rights Watch constató que durante los 13 años anteriores habían muerto, en circunstancias sospechosas, 112 soldados paraguayos y reclamó a las autoridades paraguayas que se estableciera la edad mínima de reclutamiento militar en 18 años.
En julio de 2002, el gobierno paraguayo decretó el estado de sitio durante una semana, para contener un estallido de revueltas callejeras que exigían la renuncia del gobierno, tras descubrirse su participación en una estafa de 16 millones de dólares pertenecientes al Banco Central. Esta suma habría sido girada en 2000 a una cuenta de González Macchi en el City Bank de Nueva York. Los disturbios dejaron un saldo de dos muertes y más de 300 detenciones.
En diciembre de ese año, la Suprema Corte de Justicia votó una ley que impidió la prosecución de un juicio al presidente por la presunta estafa. Éste acusó al vicepresidente Julio César Franco (del PLRA), de haber promovido, en confabulación telefónica con Oviedo, la desestabilización del país.
En las elecciones de abril de 2003 la fórmula colorada Nicanor Duarte Frutos-Luís Castiglioni obtuvo la mayoría, con 37% de los votos, seguida por el PLRA, con 24%, y por la Unión Nacional de Colorados Éticos, de Oviedo, con 13,5%. Duarte, quien se desempeñara como ministro de Cultura (entre 1993 y 1997, y entre 1999 y 2001) prometió combatir la corrupción e impulsar la inversión estatal en agricultura, el principal sector productivo del país.
Al cesar en sus funciones, en agosto de 2003, González Macchi fue puesto a disposición de la justicia paraguaya, la que prohibió su salida del país, a fin de someterlo a juicio por diversos cargos de violación a la Constitución. En noviembre de ese año, 20 acusaciones de atentado a la Constitución, asociación criminal y lavado de dinero fueron presentadas contra seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Paraguay. En abril de 2004 habían dimitido tres de los jueces presuntamente implicados.
En julio de 2004, más de 364 personas murieron y 248 resultaron heridas en un incendio ocurrido en el centro comercial Ikuá Bolaños, en Asunción, una tragedia que colmó la capacidad de los servicios de emergencia del país. Portavoces de la policía confirmaron que el centro comercial no disponía de las suficientes salidas de emergencia. Los dueños fueron acusados de homicidio doloso por la fiscalía.
La Justicia ordenó en abril de 2005 el arresto del ex general Alejandro Fretes, antiguo jefe de estado mayor del Ejército, acusado de desapariciones forzadas en el marco del Plan Cóndor. Debido a su avanzada edad (84 años) se le permitió la detención domiciliaria.
Mediante una ley aprobada en mayo de 2005, Paraguay concedió a Washington un permiso de libre tránsito y permanencia para tropas estadounidenses y renunció a su poder jurisdiccional para investigar delitos que pudieran cometer los soldados extranjeros; también a demandar a Washington ante la Corte Penal Internacional. Grupos políticos y de derechos humanos locales expresaron alarma tras la difusión de la ley, manifestando la posibilidad de que ésta abriera la puerta a la instalación de una base de EE.UU., similar a las existentes en Manta (Ecuador), Panamá y Guantánamo (Cuba).
Unas 40 mil personas salieron a las calles, en marzo de 2006, para protestar contra el «autoritarismo» de Duarte. Pese al rechazo de la oposición y de buena parte de la opinión pública, el presidente promovía una reforma constitucional que habilitase su reelección.
En marzo de 2007, el gobierno debió declarar el estado de emergencia nacional tras los brotes incontrolables de dengue. En el primer trimestre de ese año se registraron más de 16 mil casos, según cifras oficiales; otras fuentes aseguraron que la cifra superaba los 100 mil. La oposición acusó al gobierno de negligencia y apunto sus baterías contra el director del Servicio Nacional de Erradicación de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Humberto Recalde, quien fue cesado de su cargo.