La riqueza del subsuelo de algunos países de África se ha convertido en la causa directa de la miseria de sus habitantes. Así como la industria de diamantes ha beneficiado a países como Botswana -cuya industria emplea al 10% de su población y sus ganancias representan dos tercios de los ingresos gubernamentales-, para otros ha significado una tragedia.

Los cientos de millones de dólares que surgen del comercio ilícito de diamantes en algunos países africanos van a parar a manos de la guerrilla y los ejércitos que practican el fructuoso trueque de diamantes por armas.

En Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo, estas piedras preciosas se han convertido en la principal fuente de financiación de los movimientos insurgentes que controlan su tráfico generando muerte y destrucción, ya que los beneficios de su comercialización se traducen en la prolongación de los conflictos.

Tres países, tres ejemplos

Los continuos enfrentamientos entre tribus hutus y tutsis en la República Democrática del Congo, junto con motivaciones raciales y políticas, están alimentados por la riqueza generada por los diamantes. Es por eso que países como Angola, Namibia y Zimbabwe apoyan al gobierno congoleño a cambio de derechos de explotación minera en zonas limítrofes, y otros como Burundi, Rwanda y Uganda respaldan a los rebeldes participando del tráfico ilegal de diamantes que los financia.

Después de la prolongada dictadura de Mobuto Sese Seko, en 1997 triunfó la guerrilla encabezada por Laurent Desiré Kabila, quien instauró la República Democrática del Congo. Desde entonces, la guerra por el poder ha sido sustituida por el control de riquezas del subsuelo como petróleo, cobalto y diamantes. Este conflicto le costó la vida a Kabila, asesinado el 16 de enero de 2001, poco después de haber concedido la exclusividad de la comercialización de diamantes a la sociedad israelí Idi Diamond, medida revocada por su hijo Joseph, ni bien lo sucedió en la presidencia.

Cerca de medio millón de hombres y mujeres de la República Democrática del Congo, un país de 48 millones de habitantes, sobrevive participando directa e indirectamente del contrabando de metales preciosos.

En Angola, desde hace casi 30 años, el movimiento opositor Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) lucha contra el gobierno por el control de los recursos naturales y la pervivencia de este conflicto lleva ya cobradas un millón de víctimas fatales. Los 35 mil hombres armados de UNITA, inicialmente financiados por Estados Unidos para combatir al gobierno izquierdista de Luanda durante la Guerra Fría, actualmente se mantienen gracias al tráfico de diamantes.

Pese a disponer de ricos y abundantes recursos naturales como son los diamantes y el petróleo, Angola ocupa el puesto 160 del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (de un total de 174 países).

En este país, la prioridad es la guerra -el 86 % del presupuesto nacional se destina a Defensa-, y las consecuencias sobre la población son devastadoras: el 90% vive por debajo de la línea de la pobreza, la tasa de mortalidad infantil es del 29%, sólo el 31% de la población tiene acceso al agua potable y los casi tres millones de desplazados internos no tiene cubiertas necesidades básicas como alimentación, salud o vivienda.

La de Sierra Leona es también una guerra por el control de los campos de diamantes en el norte y el este del país, territorio del rebelde Frente Revolucionario Unido (FRU), conocido por su campaña sistemática de terror contra la población civil y el uso habitual de niños soldados.

Desde el inicio de este conflicto en 1991, las fuerzas rebeldes han matado, violado, mutilado y secuestrado a decenas de miles de civiles desarmados, pero también las fuerzas aliadas del gobierno y las de mantenimiento de paz de África Occidental han cometido abusos contra los derechos humanos.

El tráfico ilegal de diamantes desde zonas de Sierra Leona controladas por los rebeldes sirve para financiar ayuda militar destinada al FRU, lo que le permite continuar con los combates. Aunque las piedras de Sierra Leona sólo suponen el 1% del volumen mundial, son especialmente apreciadas por su calidad.

Intereses encontrados

En estos países, las elites promueven la corrupción y la debilidad del estado, favoreciendo al auge de economías en la sombra y tráficos ilícitos. El comercio ilegal de diamantes alimenta a la guerra: con el dinero se compran armas, se pagan mercenarios y se corrompen gobiernos, en tanto las consecuencias las pagan las poblaciones con sufrimiento y pobreza sistemática.

La venta de diamantes ilegales se ve facilitada por los insuficientes mecanismos de control y la falta de transparencia que existe en su comercialización. Estas piedras no hacen saltar las alarmas de los aeropuertos, los perros no las huelen, y se pueden convertir rápidamente en efectivo.

Representantes de firmas importadoras y procesadoras de diamantes de Amberes (ciudad belga que comercializa dos tercios de todos los diamantes del mundo) adquieren en esos países africanos sus paquetes de piedra en bruto y, con gran facilidad, los introducen en Bélgica, Gran Bretaña y la India.

En los últimos años, la relación entre explotación ilícita de piedras preciosas y conflictos armados ha sido ampliamente debatida. El Comité Internacional de la Cruz Roja, la organización no gubernamental (ONG) Intermón Oxfam, y también Naciones Unidas, han denunciado la situación y exigieron una regulación de la explotación y comercio de los diamantes.

En julio de 2000 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impuso una prohibición sobre la importación ilegal de diamantes de las zonas de Sierra Leona controladas por los rebeldes, pero el FRU elude el embargo a través del tráfico de armas que le ofrece Liberia, país que exportó seis millones de quilates entre 1994 y 1998.

Intermón Oxfam, Global Witness, Médico International, El Instituto de los Países Bajos para Sudáfrica y la fundación Novib impulsan la campaña Fatal Transactions (Negocios Fatales) cuya meta es convencer a la industria y el consumidor a que opten por los diamantes libres de conflicto, exigiendo para ello la implantación de un sistema internacional de certificación para conocer el origen de las piedras.

Los gobiernos belga, israelí y ucraniano están siendo presionados para que controlen más rigurosamente las transacciones que tienen lugar en Amberes, Tel Aviv y Kiev.

A mediados de 2001 se llevó a cabo en Moscú una reunión con el objetivo de poner en marcha un sistema internacional de certificación de origen de los diamantes, que podría significar el inicio del fin de las guerras de Angola, Sierra Leona y el Congo. El encuentro (del que participaron representantes de 34 gobiernos, de la Comisión Europea, de la industria internacional del diamante, el Consejo Mundial del Diamante y ONGs) se basó en el proceso de Kimberley, iniciado en 2000 por los gobiernos de Sudáfrica, Botswana y Namibia, que impulsa la aplicación de un sistema internacional de certificación de origen de los diamantes que permita acabar con la extracción y comercialización de piedras que sirven para financiar los conflictos africanos.

El Diamond High Council (HRD), organización que representa a la industria del diamante en Bélgica, se ocupa de revisar la importación, valoración y exportación de diamantes. Sin embargo, fuera de su ámbito existe en Amberes una masa de comerciantes, joyeros, intermediarios y fabricantes de joyas que suman unos 4.000 establecimientos a través de los cuales se trafican los diamantes. Este elevado número de intermediarios involucrados a lo largo de todo el proceso comercial dificulta el seguimiento de las piedras desde su extracción hasta su destino final.

Una legislación internacional aplicada rigurosamente permitiría controlar el comercio ilícito, pero los intereses en juego son demasiados y muy pocos parecen dispuestos a poner en riesgo un negocio que factura alrededor de US$ 50 mil millones al año. (Aunque se sepa que el 10% de esa suma sirve para financiar los conflictos armados africanos).

Sin embargo, en algunos sectores de la industria existe interés en que no se negocie con los diamantes, por temor a que los consumidores dejen de comprarlos si son relacionadas con las guerras africanas. Es el caso del gigante De Beers, quien controla el 75% del comercio mundial de diamantes y abastece a los principales mercados a través de sus oficinas en todo el mundo.

Fruto de la presión internacional, De Beer adoptó algunas medidas con el fin de garantizar que los diamantes que adquiere no provengan de países en guerra. En 2000, la empresa clausuró sus oficinas de compra en la República Democrática del Congo y Guinea y, desde entonces, exige a sus clientes el compromiso de no adquirir diamantes de origen dudoso.

Esta empresa sudafricana intenta aumentar su participación en el mercado mundial al presentarse como el productor más creíble cuando se trata de rechazar los diamantes de conflicto y evitar así, según explicó su presidente, Nicky Oppenhaimer, que el lema “un diamante es para siempre” quede sustituido por “los diamantes son para la guerra”.