Los mapuche del sur chileno buscan democratizar este país en transición permanente desde 1990, y que aun está regido por fiscalías y tribunales militares.

Las comunidades mapuche que habitan al sur del río Bío Bío, en la novena región de Chile, desde hace algunos años vienen denunciando la depredación de sus tierras, la destrucción de sus plantaciones y la impunidad con que actúan las empresas privadas forestales y productoras de energía eléctrica en las 200 mil hectáreas que les sustrajeron durante la dictadura militar (1973-1989). La mayoría de estas empresas son de capitales extranjeros, españoles principalmente.

A partir de sus manifestaciones pacíficas, duramente reprimidas por el cuerpo militar de Carabineros -que aumentó su presencia en la región desde entonces-, los chilenos se están familiarizando con la terminología mapuche. Los medios de prensa ocupan sus espacios con cuadros explicativos sobre sus organizaciones sociales y políticas, sobre su cosmovisión, marcando una importante diferencia con la histórica segregación de esta gente originaria de América del Sur. Los mapuche pertenecen al grupo lingüístico araucano, y en la actualidad serían unas 300 mil personas, dedicadas a la agricultura.

Desde que el neoliberalismo dijo presente en Chile, en la década de 1980, las comunidades mapuche perdieron el 60% de sus tierras de la noche a la mañana. Los litigios por la tenencia de estas tierras aun permanecen encajonados en los tribunales civiles y las comunidades afirman que no existe voluntad política para resolver el conflicto. Desde 1997, principalmente, los mapuche conformaron la Coordinadora de Comunidades Mapuche -que realizó una marcha a pie, hasta Santiago, en 1999- para exigirle al estado chileno la devolución de estas tierras y para impedir que las empresas se extiendan en sus territorios.

A raíz de los enfrentamientos y la represión, decenas de líderes mapuche fueron encarcelados y procesados por fiscalías y tribunales militares -que tienen competencia en materia civil- bajo cargos de "asociación ilícita" y otros creados durante la dictadura para combatir a los movimientos de liberación nacional, de izquierda. Según analistas jurídicos y distintas organizaciones en defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales, la Justicia Militar no puede juzgar a civiles y además no les brindó ni brinda ninguna garantía del debido proceso.

Durante 350 años, los mapuche resistieron primero a los colonizadores españoles y después a los distintos gobiernos chilenos y a su ejército. En 1553, los indígenas liderados por Lautaro estuvieron muy cerca de invadir Santiago, la capital, mientras el español Pedro de Valdivia se aprestaba a fundar Concepción, más al sur. Cuando Chile obtuvo su independencia, a principios del siglo XIX, los gobiernos y la clase dominante chilena entendieron que la "problemática mapuche" debía resolverse y recién en 1881 el ejército de Chile "recuperó" la Araucanía, a través del genocidio de este pueblo. En 1883, después de sucesivos pactos, los mapuche fueron confinados a 300 mil hectáreas -tenían cinco millones de hectáreas- para perder, con Augusto Pinochet, estas 200 mil hectáreas que son explotadas, entre otras, por las empresas Forestal Mininco y la hidroeléctrica Endesa.